El jugador del Palmeiras, ha salido a las críticas de los fans en redes sociales por ser un jugador que hace relucir su cabello pintado y sus tatuajes. El problema se presentó en plena concentración del combinado nacional que se prepara en Cochabamba para su partido contra Bolivia. Richard Ríos se destacó recientemente en su actuación en la Copa América, así consolidándose titular de la selección y que Néstor Lorenzo opte más por su ayuda. Hace muy poco, una aficionada al combinado destacó y mencionó al jugador sobre sus tatuajes, sobre cómo afecta negativamente en el comportamiento de los niños que lo siguen. «Estás influenciando a los menores de edad que te admiran por pintar tu cabello y tatuarse. Sería bueno que hicieras una campaña de prevención y mencionar en tus publicaciones que esperen su mayoría de edad para tomar decisiones sobre tatuajes y cambios de look», decía el mensaje. Ríos aclaró: «Yo no influencio a nadie. Los valores y las influencias vienen desde la casa, por sus padres. Yo, simplemente, soy un futbolista, no un influencer».

Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.