Con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural y mejorar la seguridad alimentaria, más de 100 familias campesinas del municipio de Calamar, Bolívar, fueron beneficiadas con la entrega de motobombas para riego y diversos insumos agrícolas, en el marco de una estrategia integral liderada por Ecosistemas del Dique. Estas familias, integrantes de la Asociación de Campesinos y Pequeños Ganaderos, cultivan desde hace más de 20 años productos como legumbres, frutas tropicales, hortalizas y verduras. El equipo social del concesionario realizó un diagnóstico técnico previo que permitió diseñar un plan de intervención adaptado a las necesidades reales de sus cultivos, que abarcan más de 50 hectáreas productivas. Además de los insumos, se implementará una ruta de formación técnica y empresarial gracias al apoyo del SENA Bolívar y su programa CampeSENA, orientado a fortalecer las capacidades de los agricultores en buenas prácticas, sostenibilidad y eficiencia en el uso de recursos. Esta iniciativa representa un paso clave para dinamizar la economía rural y respaldar a quienes hacen del campo su proyecto de vida.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al Canal del Dique, ubicado en el norte de Colombia, como víctima del conflicto armado. Este cuerpo de agua, que conecta Cartagena de Indias con el río Magdalena, fue utilizado durante años para arrojar los cuerpos de personas asesinadas, principalmente por grupos paramilitares. La acreditación responde a una solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones étnicas de la cuenca. La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, destacó en un acto en Cartagena que este reconocimiento se debe a los informes presentados por las víctimas, en su mayoría afrodescendientes, que permitieron activar las competencias de la JEP. Valencia subrayó que, según el acuerdo de paz con las extintas FARC, se debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades étnicas y visibilizar las diversas violencias sufridas. Además, recordó que el Canal del Dique ha sido denominado por la Comisión de la Verdad como «el cementerio acuático más grande de Colombia». A pesar de la disminución de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el Canal del Dique sigue siendo utilizado para deshacerse de cadáveres, perpetuando el terror en la región. Las comunidades locales han reportado amenazas e intimidaciones para que no continúen con sus denuncias, lo que ha llevado a que algunas víctimas soliciten y reciban medidas de protección por parte del Estado. Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, enfatizó la importancia de reconocer al Canal del Dique como sujeto de derecho debido a las múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como el control ejercido por grupos armados en el territorio. Camargo también instó al Estado a reconocer los daños en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la región. Este reconocimiento por parte de la JEP representa un paso significativo en la reparación y visibilización de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente en territorios históricamente marginados como el Canal del Dique.