Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.

El San José, era un galeón español construido para transportar las riquezas del “nuevo mundo” de regreso a España, mismo que naufragó en 1708 en las costas de la región Caribe, específicamente en las aguas del Atlántico , tras un ataque del comodoro inglés Charles Wager. Desde su hundimiento, tuvieron que pasar más de 300 años para finalmente localizarlo, a través de una alianza público-privada entre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICAMH), la Armada Nacional y un comisionado de científicos internacionales. Se estima que las riquezas que movilizaba la embarcación podrían rondar los veinte mil millones de dólares, entre toneladas de oro, plata, joyas, piedras preciosas, armas y porcelana china. Por su parte, Colombia reclama el tesoro como parte de su patrimonio nacional, alegando que se encuentra en sus aguas territoriales, mientas que España sostiene que el galeón era un barco de guerra español, lo que le hace “barco de estado”, y por lo tanto es patrimonio español. Asimismo, la comunidad Qhara Qhara de Bolivia, ha presentado reclamaciones, explicando que toda la riqueza del galeón, les fue saqueada por los españoles y Sea Search Armada (SSA), una empresa estadounidense, también reclaman derechos sobre el mismo, insistiendo en que lo ubicó con más anterioridad en la década de los 80’s. Lo cierto, es que la situación jurídica es compleja, ya que, a pesar de haber transcurrido nueve años desde la localización del tesoro, La Haya aún no emitido un veredicto, lo que sigue generando incertidumbre entre las partes involucradas.