La Federación Colombiana de Ganadería (Fedegan) recuerda que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción de 21.000 millones de pesos a varias empresas lecheras por vender lactosuero bajo la denominación de leche entera. Este subproducto de la leche, utilizado ilegalmente para reemplazarla, ha causado un gran revuelo en la industria láctea colombiana, revelando prácticas fraudulentas que afectan tanto a los productores como a los consumidores. La multa tiene un impacto significativo en los ganaderos, quienes ven reducida la demanda de leche cruda debido al uso del lactosuero. Al sustituir la leche entera por lactosuero, los productores de leche reciben menos compra de su producto, lo que también provoca una disminución en el precio del litro de leche, afectando sus ingresos y la sostenibilidad de sus negocios. Por otro lado, los consumidores se ven perjudicados por el engaño. Aunque pagan lo mismo por un litro de leche, lo que reciben no es leche entera, sino un producto de menor calidad, sin el sabor y la textura que los consumidores esperan. Esto genera desconfianza y decepción en los consumidores, quienes no obtienen el producto por el cual están pagando. Este escándalo pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar los controles y la transparencia en la industria láctea. La sanción impuesta por la SIC es un paso importante para garantizar la calidad de los productos y la protección de los derechos de los consumidores, buscando que situaciones como esta no se repitan en el futuro.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha eliminado de su lista de sancionados al empresario venezolano Francisco D’Agostino, cuñado de Luis Alfonso de Borbón, tras una revisión que determinó que no existían pruebas suficientes para mantener las restricciones impuestas en 2021. La decisión, informada por Infobae, también implica el levantamiento de las sanciones contra sus empresas, Elemento Oil & Gas y D’Agostino and Company, que habían sido señaladas en su momento por supuestos vínculos con redes de comercialización de petróleo en beneficio del gobierno de Nicolás Maduro. Estas medidas derivaron en el bloqueo de bienes y la restricción de sus actividades dentro del sistema financiero estadounidense. Por otro lado, en España, D’Agostino ha estado en el centro de un litigio que involucró la emblemática finca Son Galcerán en Mallorca. En este caso, la justicia falló a su favor en una disputa con Manuel March Cencillo, nieto de Juan March Ordinas, fundador de Banca March. La sentencia determinó que March Cencillo debía reembolsarle 2,4 millones de euros, además de una indemnización de 300.000 euros por los perjuicios ocasionados durante la operación de compraventa de la propiedad. D’Agostino, quien reside en España desde 2019, ha desarrollado su carrera en el sector de las inversiones y negocios internacionales.