El veedor ciudadano Héctor Pérez denunció posibles irregularidades en la ejecución del Contrato Interadministrativo N.º 059 de 2021, celebrado entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD). Según el informe presentado, los hallazgos incluyen implicaciones penales, fiscales y administrativas que podrían derivar en un significativo detrimento patrimonial. Entre las irregularidades detectadas se encuentra el pago de $3.504.586.519 por actividades no realizadas, producto del incumplimiento en la actualización de 45.143 predios, equivalente al 13% del total proyectado en el contrato. A pesar de los pagos efectuados, no se logró la meta de actualización catastral, lo que evidencia deficiencias en la ejecución del contrato y un uso inadecuado de recursos públicos. El informe muestra observaciones con incidencia penal y fiscal, cuyas cifras están siendo analizadas para determinar las responsabilidades correspondientes. ⚠️Está denuncia no tiene opiniones, posturas ni conceptos del periódico.

En un esfuerzo por abordar las crecientes preocupaciones de seguridad, la Alcaldía Mayor de Cartagena convocó a una reunión clave en el salón Vicente Martínez, con la presencia del secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández Ramos, y la coronel Sandra López Duque, subcomandante de la Policía Metropolitana. El encuentro reunió a inspectores de Policía del Distrito, quienes expusieron sus inquietudes sobre situaciones de riesgo que podrían comprometer su seguridad. Durante la sesión, el secretario del Interior destacó que se están realizando evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar posibles amenazas a los inspectores. “Estamos coordinando estrechamente con la Policía Metropolitana para garantizar la protección adecuada de los inspectores y apoyar en sus operativos”, aseguró Hernández. La reunión también abordó el reciente crimen contra el inspector Omar Cervantes. En respuesta, las autoridades han lanzado una recompensa de $10 millones para quienes aporten información relevante que facilite el esclarecimiento del caso. La coronel Sandra López Duque indicó que se están fortaleciendo las medidas de seguridad a través de la coordinación con los comandantes de estación y se está desarrollando un protocolo para identificar el nivel de riesgo enfrentado por los inspectores. Este esfuerzo busca asegurar una respuesta efectiva y proteger a los funcionarios que desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del orden público.

Un juez con funciones de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre en San Andrés por su presunta responsabilidad en el delito de hurto calificado agravado. La Fiscalía General de la Nación así lo solicitó luego de investigar lo ocurrido el 17 de octubre en un establecimiento comercial de recaudo en el centro del archipiélago. Allí, precisa el ente acusador, Robinson Anaya Cuesta en compañía de otra persona habría intimidado con un arma de fuego a la cajera de turno, para apropiarse de 99 millones de pesos, y huir del lugar. El investigado no aceptó el cargo que le imputó la Fiscalía. Por decisión judicial, su reclusión se cumplirá en la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés. Por su supuesta responsabilidad en los delitos de hurto calificado agravado, receptación, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso personal, dos hombres fueron enviados a prisión en la Isla de San Andrés.