Dumek entra a la contienda por ser el candidato del Pacto Histórico en Cartagena

Se mueve el ambiente político en Cartagena.

A solo meses de las elecciones por la Alcaldía de Cartagena, los pre candidatos comienzan a mostrarse a la ciudadanía como tales.

Es el caso del ex gobernador de Bolívar, Dumek Turbay-, quien a través de un tweet publicado en su perfil, confirma que será el candidato a través del partido @lafuerzadelapaz en cabeza de su presidente Roy Barreras.

🗣️ “Un empeño colectivo que busca unificar esfuerzos para hacer que Cartagena avance”, destacó.

🤔 Ahora bien… ¿Qué es Fuerza de la Paz? Se trata del nuevo partido de Roy Barreras que tiene como principio la búsqueda de la Paz en Colombia. Este partido fue presentado hoy, martes 21 de febrero, y dentro de las principales noticias fue el apoyo a Dumek Turbay como pre candidato a la Alcaldía de Cartagena.

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Pacaribe contribuye a una Cartagena más limpia con 84.5 toneladas de residuos recolectados durante las fiestas

Durante las festividades de independencia en #Cartagena, Pacaribe recolectó 84.5 #toneladas de residuos en los principales puntos de celebración. Los esfuerzos se centraron en eventos icónicos como el desfile de Independencia del 11 de noviembre, el desfile Náutico, el Cabildo de Getsemaní, Salsa a la Plaza y el Desfile de la Independencia y las Diversidades, garantizando así espacios limpios para el disfrute de miles de asistentes. #Pacaribe implementó un operativo especial que incluyó la movilización de equipos y personal altamente capacitado. Las jornadas de limpieza iniciaron desde tempranas horas y se extendieron hasta la madrugada, con labores intensivas de barrido y recolección que permitieron mantener en óptimas condiciones las vías, plazas y zonas de evento. El aporte de Pacaribe fue clave para preservar la calidad de los espacios públicos durante uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad. Con este operativo, Pacaribe cumplió su misión de promover una Cartagena más limpia, ambientalmente amigable y apoyando la preservación de la cultura local y contribuyendo al bienestar de los cartageneros y sus visitantes.

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La isla que el mar se llevó: La historia de Abanico, un pedacito de Cartagena

El fuerte San Fernando de Bocachica brindaba seguridad al canal de acceso por vía marítima hacia Cartagena, la ciudad amurallada que secuestraron hace 463 años y que siglos después logró su independencia de España. Por ese mismo lugar pasan hoy grandes embarcaciones que van hacia la ciudad Heroica. Doña Marina, una lugareña, recuerda que por ese mismo sector cruzaban los barcos de “los blancos” para los que trabajó su papá hace 60 años. Ella cree que ese tránsito constante de embarcaciones hizo que desapareciera una pequeña isla que estaba en el área: Isla Abanico. Marina cuenta que con los mangles que sacaban de Abanico, así como del corregimiento de Pasacaballos (Cartagena), hicieron parte de la estructura del gran Gaira, un velero ‘majestuoso’ que su padre Pedro y su hermano Guillermo ayudaron a construir.  “Abanico estaba ahí, al lado del fuerte San José, pero desapareció. Quedaba casi al lado del ‘castillo’. Esa isla tenía entre 600 y 700 metros hace unos cuarenta y cinco años; conozco bien la zona, porque yo buceaba para atrapar monedas que lanzaban desde los cruceros ahí en el canal de acceso a Cartagena. Fue triste, porque poco a poco vimos cómo se fue desvaneciendo Abanico, se iba yendo; hasta el año pasado (2023), cuando desapareció del todo. ¡Esa era una isla grande, llena de mangles!”, recuerda Jorge Olier, hijo de Marina. Hoy, la comunidad lamenta no poder disfrutar de Isla Abanico. El mar se tragó en un abrir y cerrar de ojos la isla, ante los ojos de los nativos de Bocachica, que hoy recuerdan cómo se perdieron las constumbres arraigadas a ese lugar.

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Un solo departamento de Norte a Sur

Recientemente, resurgió en la esfera política una propuesta que, aunque puede parecer innovadora, encierra riesgos profundos para la unidad del departamento de Bolívar. Durante los primeros días del gobierno del presidente Petro, se mencionó la idea de crear un nuevo departamento compuesto por municipios del Zode Magdalena Medio Bolivarense: Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales y Arenal. Esta iniciativa, que permaneció en silencio, ha sido revivida por una congresista, quien propone añadir otros municipios como El Peñón, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Altos del Rosario, Norosí, Regidor, Tiquisio y Río Viejo, con Aguachica como capital. ¿Es realmente necesario fragmentar lo que debe permanecer unido? En medio del conflicto y la disputa territorial que se vive en el sur de Bolívar, la respuesta es clara. La unidad no es solo un ideal abstracto; es una necesidad urgente para asegurar una gobernanza territorial eficaz. Separar estos municipios, muchos de los cuales carecen de una identidad sociológica compartida con la supuesta nueva entidad territorial, es un error que solo agravaría las tensiones existentes. No se puede ignorar, además, el trabajo realizado en los últimos años para mejorar la calidad de vida en el sur de Bolívar. Las inversiones del departamento en estas comunidades son prueba de un compromiso que no debe ser subestimado por discursos separatistas que, en el fondo, parecen más impulsados por intereses electorales y populistas que por un genuino interés en el bienestar de la población. El Plan de Desarrollo “Bolívar me Enamora”, presentado por el gobernador Yamil Arana, es una hoja de ruta seria que busca conectar el departamento de norte a sur, no solo a través de infraestructura, sino también mediante inversiones sociales clave para reducir la pobreza. Esta propuesta es no solo lógica, sino necesaria, y cualquier intento de fragmentación sería un retroceso en los avances logrados hasta ahora. Es crucial entender que la creación de un nuevo departamento no es simplemente una cuestión administrativa; es un movimiento con profundas implicaciones políticas y sociales. La idea de separar municipios bajo el pretexto de una supuesta mejor administración territorial es, en realidad, un juego peligroso que oculta fines electoralistas. Es una maniobra diseñada para desviar la atención de la falta de resultados del gobierno nacional, utilizando como peones a las comunidades más vulnerables. Columna escrita por Alonso J. del Río Jiménez. No representa conceptos, posturas ni opiniones del periódico.

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¡Sin costos extras! Trámites en el DATT son directos y sin intermediarios

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena aclara a los ciudadanos que no es necesario recurrir a intermediarios ni pagar por turnos para realizar trámites como la inscripción o actualización en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre otros servicios. Todos los trámites deben realizarse de manera directa y solo se debe cancelar el valor correspondiente en las ventanillas bancarias, sin costos adicionales. El DATT informa que la inscripción al RUNT se lleva a cabo en la sede Espinal, en un horario específico de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., y el pago se realiza únicamente en las ventanillas del banco Davivienda. Además, el DATT dispone de tres sedes para otros trámites: la sede de Manga, que atiende de lunes a viernes en jornada continua de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., y las sedes de Espinal y Ronda Real, que operan de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. Durante los fines de semana, todas las oficinas están abiertas de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. Para mayor comodidad, los ciudadanos también pueden realizar trámites en línea a través de la página web oficial del DATT. https://www.transitocartagena.gov.co/ La página le permitirá consultar el estado de cuenta, realizar pagos mediante la plataforma PSE, y gestionar una variedad de servicios como permisos de pico y placa, certificados de tradición, historial del vehículo, y más. El DATT invita a los usuarios a informarse sobre las medidas de movilidad y las acciones de gobierno en materia de tránsito que se implementan en Cartagena, todo a través de sus canales oficiales.

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Cartagena acoge el 23° Congreso Nacional Cooperativo: impulsando el desarrollo social y económico

En el marco del 23° Congreso Nacional Cooperativo, Confeccop, celebrado en Cartagena, se destacó la importancia del cooperativismo como motor de desarrollo social y económico en Colombia. Con el lema «Concretar-Integrar-Actuar», este evento reunió a representantes del sector público y privado para discutir cómo las cooperativas pueden jugar un papel crucial en la construcción de un tejido social más sólido y equitativo. Durante el congreso, se puso en relieve la necesidad de pasar de la teoría a la acción en el movimiento cooperativo, enfatizando la ayuda mutua como un principio esencial no solo para las cooperativas, sino también para la sociedad en general. Carlos Acero, presidente de Confecoop, subrayó que este encuentro nace desde la esperanza y busca transformar la inspiración en acciones concretas que beneficien a las comunidades. Mauricio Rodríguez Amaya, director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, resaltó el trabajo que su entidad realiza en las regiones, acompañando a los comités de impulsos regionales que son el pilar del movimiento cooperativo en diversas ciudades de Colombia. Según Rodríguez Amaya, este enfoque permite una conexión directa y efectiva con las comunidades, alineándose con las políticas del gobierno de aumentar su presencia en el territorio. Finalmente, se destacó la importancia de innovar en los modelos educativos cooperativos para asegurar un futuro sostenible. María Eugenia Pérez, presidenta de Ascoop, insistió en que la educación es fundamental para la supervivencia de las sociedades, y que las cooperativas deben liderar este esfuerzo desde la niñez, promoviendo el liderazgo, la lúdica y el emprendimiento como ejes de una experiencia cooperativa transformadora.

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Cuando la verdad se parte en dos y cada orilla reclama su victoria

El próximo 28 de julio Colombia vivirá un momento sin precedentes: se conocerá el veredicto en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigos y fraude procesal. Independientemente de si resulta absuelto o condenado, será un acontecimiento histórico. Ningún exmandatario colombiano reciente había llegado a esta instancia; de hecho, la última vez que un tribunal decidió la suerte de un exgobernante fue en 1959 (el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla). Desde entonces, ningún presidente colombiano ha sido condenado o encarcelado, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por eso, el fallo contra Uribe marca un hito para la justicia colombiana y una prueba de fuego para sus instituciones democráticas. El origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Cepeda había acusado a Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo, pero en un giro inesperado la Corte Suprema no sólo archivó la causa contra Cepeda, sino que abrió investigación contra el propio Uribe por los mismos hechos. La acusación central: que emisarios de Uribe habrían intentado sobornar a exparamilitares encarcelados para que retractaran testimonios sobre los presuntos nexos de Uribe con grupos armados ilegales. En particular, el testigo Juan Guillermo Monsalve, exmiembro de las AUC e hijo del mayordomo de una hacienda de la familia Uribe, asegura que en esa finca (Guacharacas) se fundó en los 90 el Bloque Metro paramilitar. Según la fiscalía, el abogado de Uribe –Diego Cadena– habrían ofrecido pagos o beneficios a Monsalve para firmar una carta de retractación. De hecho, Cadena admitió haber entregado dinero a otro exparamilitar (Carlos Enrique Vélez), aunque lo calificó de “ayuda humanitaria” y niega que fuera un soborno. La defensa sostiene que Uribe nunca ordenó esos acercamientos y que fue “víctima de un entrampamiento” orquestado por Cepeda. Sin embargo, las pruebas recopiladas incluyen interceptaciones telefónicas y mensajes que muestran al abogado Cadena informando a Uribe de sus gestiones con los testigos. La propia Corte Suprema halló evidencias (chats, grabaciones) de conversaciones sobre pagos a cambio de favores testimoniales. Uribe lo niega rotundamente y ha insistido en que el proceso tiene motivaciones políticas. El caso avanzó lentamente durante años. En agosto de 2020, la Corte Suprema sorprendió al ordenar la detención domiciliaria de Uribe (por 67 días) mientras era indagado. Uribe renunció entonces a su escaño de senador, maniobra que trasladó el expediente a la justicia ordinaria y le permitió recuperar la libertad. Sus abogados solicitaron dos veces archivar el caso cuando la Fiscalía, bajo un fiscal allegado al gobierno anterior, opinó que no había mérito para acusar. No obstante, jueces de primera instancia y el Tribunal de Bogotá negaron esas pretensiones, y finalmente en 2024 una fiscal elevó acusación formal, dando inicio al juicio. El próximo lunes, tras más de 13 años de litigio, decenas de testimonios (37 de la acusación y 70 de la defensa) y múltiples dilaciones, la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitirá la decisión. Sea cual sea el sentido del fallo, el impacto será profundo y duradero. Un veredicto condenatorio convertiría a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Sería visto por muchos como un triunfo institucional frente a la impunidad histórica que ha rodeado casos de violaciones de derechos humanos y alianzas con paramilitares durante el conflicto armado de nuestro país. En cambio, una absolución significaría que no se alcanzó el umbral de prueba para condenar, pero difícilmente pondrá fin a la polarización: la izquierda denunciaría impunidad y renovaría llamados a reformar a fondo la justicia, mientras la derecha celebraría reivindicación y acusaría al proceso de haber sido una persecución infundada. En un país tan dividido, ambas orillas podrían usar el desenlace para atacar al poder judicial: ya sea acusándolo de politizado si es culpable, o de ineficaz si es inocente.

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