Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.

Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, pidió al Gobierno nacional que el proyecto del Canal del Dique sea tema central en la COP16, actualmente en desarrollo en Cali. Para Cepeda, los retrasos en el licenciamiento ambiental han impedido el inicio de la construcción, que ahora se prevé para 2027, dos años después de lo programado. Cepeda resaltó la contradicción de exigir una licencia ambiental a una obra que busca precisamente mitigar el impacto ambiental en la región del Caribe. «La situación requiere acción urgente y coordinada, especialmente para proteger a las comunidades afectadas por inundaciones», afirmó.El líder gremial subrayó que la COP16 ofrece un espacio oportuno para abordar este proyecto crucial para el Atlántico. “Este foro es ideal para dar celeridad a un proyecto que impacta directamente la sostenibilidad de la región”, agregó Cepeda. Los gremios reiteraron su llamado al Gobierno para agilizar el proceso de licenciamiento y priorizar el bienestar de las comunidades locales. Insistieron en que el Canal del Dique representa una infraestructura vital para la sostenibilidad del Caribe colombiano y debe ser tratado con urgencia en el marco de la COP16.

Mientras se surten los procesos administrativos necesarios en Cartagena con respecto a la situación del catrasto, la empresa, Área Metropolitana de Barranquilla, asume la gestión de este tipo de trámites en Cartagena.  Ellos serán los encargados de ayudar a los cartageneros, ayudar, facilitar y solucionar los trámites catastrales mientras se definen los procesos para tener condiciones autónomas. «A partir de la fecha, el proceso de gestión catastral lo asumirá Áreas Metropolitana de Barranquilla, mientras se surten los procesos administrativos necesarios para adquirir las capacidades propias que nos permitan ser gestores catastrales propios», señaló el alcalde, Vía X. Área Metropolitana de Barranquilla trabajará de la mano del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como gestor catastral propio. La entidad estará prestando su servicio de atención al público desde el barrio Manga Carrera 23 No. 25-170 en su horario de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Es de precisar que, Go Catastral, empresa que asumía la gestión de dicha actividad, terminó el pasado, 31 de diciembre. Se estima que, a partir del 2026, sea el Distrito quien asuma esta facultad en la ciudad.