En una medida preventiva y disciplinaria, el personero municipal de Turbaco, Iván Roca Álvarez, ordenó la suspensión provisional por tres meses del Inspector Cuarto de Policía, Alexander Polo Calle, por presuntas irregularidades en la expedición de amparos policivos relacionados con bienes inmuebles. La Personería identificó posibles conductas disciplinarias como omisiones en el ejercicio de funciones, incumplimiento de deberes, extralimitación de competencias y favorecimiento indebido de intereses particulares. Estas acciones contravienen los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia que deben regir la función pública. El proceso disciplinario se abrió formalmente el pasado 15 de julio. La suspensión busca garantizar el desarrollo independiente de la investigación y prevenir cualquier intento de obstrucción o interferencia. El inspector Polo Calle fue notificado y tendrá la oportunidad de presentar sus descargos durante la etapa procesal. El Ministerio Público continuará con la recolección de pruebas durante el período de suspensión, al cabo del cual se determinarán las responsabilidades a que haya lugar. Este caso subraya la necesidad de que los servidores públicos actúen conforme a la ley, especialmente en decisiones que afectan el uso y posesión de bienes inmuebles, y refuerza el control institucional sobre el uso legítimo de los amparos policivos.

La Federación Colombiana de Ganadería (Fedegan) recuerda que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción de 21.000 millones de pesos a varias empresas lecheras por vender lactosuero bajo la denominación de leche entera. Este subproducto de la leche, utilizado ilegalmente para reemplazarla, ha causado un gran revuelo en la industria láctea colombiana, revelando prácticas fraudulentas que afectan tanto a los productores como a los consumidores. La multa tiene un impacto significativo en los ganaderos, quienes ven reducida la demanda de leche cruda debido al uso del lactosuero. Al sustituir la leche entera por lactosuero, los productores de leche reciben menos compra de su producto, lo que también provoca una disminución en el precio del litro de leche, afectando sus ingresos y la sostenibilidad de sus negocios. Por otro lado, los consumidores se ven perjudicados por el engaño. Aunque pagan lo mismo por un litro de leche, lo que reciben no es leche entera, sino un producto de menor calidad, sin el sabor y la textura que los consumidores esperan. Esto genera desconfianza y decepción en los consumidores, quienes no obtienen el producto por el cual están pagando. Este escándalo pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar los controles y la transparencia en la industria láctea. La sanción impuesta por la SIC es un paso importante para garantizar la calidad de los productos y la protección de los derechos de los consumidores, buscando que situaciones como esta no se repitan en el futuro.