La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) emitió la Resolución No. 0000188 de 2023 y, posteriormente, la Resolución No. 000085 de 2024, mediante las cuales modificó y complementó la licencia ambiental otorgada a la Sociedad Fotovoltaico Yarumo S.A.S. para el desarrollo del proyecto «Parque Fotovoltaico Baranoa I 19,9 MW y línea de tensión de 110 kV» en el municipio de Baranoa, Atlántico. La Resolución 0000188 de 2023 modificó varios aspectos relevantes de la licencia original. En primer lugar, suprimió la prohibición que impedía realizar actividades de aprovechamiento forestal y remoción de coberturas vegetales, aunque mantuvo restricciones para algunas intervenciones de infraestructura sobre cuerpos de agua, como la ocupación de cauces en zonas específicas. Adicionalmente, autorizó el aprovechamiento forestal que implicaba la tala de 1.722 árboles, con un volumen total de 491,3 metros cúbicos, pertenecientes a diversas especies y coberturas de la tierra, en un área de 49,91 hectáreas. El acto administrativo también estableció condiciones estrictas para la ejecución de estas actividades, incluyendo la implementación de medidas de manejo ambiental, la prohibición de intervenir zonas no autorizadas y la obligación de ajustar el plan de compensación forestal en un plazo máximo de 90 días. Igualmente, fijó el pago por concepto de seguimiento ambiental en la suma de $13.222.464,58, así como las obligaciones de actualización anual conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la disposición adecuada de residuos generados. Posteriormente, mediante la Resolución 000085 de 2024, la C.R.A. autorizó un nuevo aprovechamiento forestal complementario para el mismo proyecto, consistente en la tala de 19 individuos arbóreos ubicados en la zona de servidumbre de la línea de transmisión eléctrica de 110 kV. Esta intervención corresponde a especies como guayacán, trupillo, dividivi, carito, matarratón, campano, entre otras, con un volumen total de 8,86 metros cúbicos. Esta nueva autorización también quedó sujeta a estrictos condicionamientos, entre ellos la implementación de medidas de manejo ambiental previamente a la tala, la disposición adecuada de residuos vegetales, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único, y la presentación de los respectivos informes de cumplimiento ambiental (ICA) ante la C.R.A. El aprovechamiento otorgado en 2024 estará vigente por el término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo. El valor por concepto de seguimiento ambiental correspondiente a esta nueva intervención se fijó en $1.319.510,52, con instrucciones específicas sobre los plazos y modalidades de pago. De esta manera, la C.R.A. continúa ejerciendo el control y seguimiento al desarrollo del proyecto fotovoltaico, garantizando que las actividades de aprovechamiento forestal y de infraestructura se realicen bajo parámetros técnicos y ambientales que mitiguen los impactos sobre el ecosistema local, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 📄 Descargue o consulte las resoluciones completas aquí:

Afinia activó una ruta de atención en Calamar, Bolívar, tras los desórdenes ocurridos el 14 de abril por la sobrecarga de un transformador, presuntamente causada por conexiones ilegales. El incidente dejó sin servicio a 37 familias y evidenció riesgos eléctricos graves. Durante una jornada de diálogo con la alcaldesa Yelitza Castellar y la comunidad, Afinia expuso la crítica situación del municipio, donde las pérdidas de energía alcanzan el 65% y el recaudo apenas llega al 35%. La deuda conjunta de los usuarios afectados es de $55 millones, de los cuales la Alcaldía gestionará un abono inicial de $8 millones. A cambio, Afinia instalará un nuevo transformador y la comunidad permitirá el ingreso de brigadas para realizar un censo de carga, paso clave para avanzar en la normalización del servicio. Aunque hubo resistencia inicial, se lograron compromisos orientados a la legalización de las conexiones y la mejora del recaudo. La empresa reiteró su disposición al diálogo, rechazó las vías de hecho como mecanismo de presión, y destacó el acompañamiento de los entes de control. Afinia mantiene su compromiso con el desarrollo de Calamar, respaldado por una inversión de $1,2 billones en Bolívar para modernizar la infraestructura eléctrica.

La comunidad de Caño del Oro vivió una jornada histórica al celebrar su primera cosecha de tilapia roja producida en sistemas piscícolas comunitarios. Este hito es parte del proyecto Pescando Progreso, una iniciativa liderada por Surtigas y su Fundación Promigas, en alianza con la Fundación Planeta Rural, que busca fortalecer la pesca artesanal y promover modelos productivos sostenibles en el departamento de Bolívar. Con el respaldo técnico, administrativo y comercial, 143 pescadores organizados en dos asociaciones de Caño del Oro han logrado transformar su oficio tradicional en una fuente sostenible de ingresos y desarrollo local. “Dejamos huella social cuando impulsamos las capacidades de la gente. Pescando Progreso demuestra que el trabajo colaborativo y sostenible genera transformación real en nuestras comunidades”, destacó Santiago Mejía, gerente general de Surtigas. El proyecto, que se desarrolla también en Puerto Badel, Lomas de Matunilla, Arjona y María la Baja, vincula a jóvenes rurales como enlaces comunitarios y ha sido clave en la apropiación del conocimiento, garantizando la sostenibilidad de los procesos más allá del acompañamiento técnico. “Nuestro propósito es impulsar una pesca organizada y con acceso a mercados, mejorando la seguridad alimentaria y fortaleciendo el tejido social”, afirmó Marcela Dávila, directora ejecutiva de la Fundación Promigas. En 2024, el programa Comunidades Más Productivas ha beneficiado a más de 5.970 personas en 86 municipios. Con una visión de largo plazo, Pescando Progreso proyecta la consolidación de una red regional con más de 200 productores, organizada bajo un modelo de producción alternada y sostenible.