El Senado de la República, aprobó en último debate el proyecto que elimina el matrimonio infantil y las uniones tempranas con niños, niñas y adolescentes. Una práctica que ha afectado a miles de menores en zonas rurales e indígenas de Colombia. Este proyecto, apoyado por diversas organizaciones sociales y de la comunidad internacional, busca erradicar un fenómeno que contribuye a los ciclos de pobreza y violencia que afecta la integridad de los jóvenes en el país. «¡Hoy hicimos historia para la niñez de Colombia! Gracias a cada una de las personas que nos acompañaron, el Congreso aprobó el proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil. Esto es un triunfo de todas y todos”, expresó en su cuenta de X la representante Jennifer Pedraza, una de las congresistas que lideró el proyecto. Hasta ahora, la normativa en Colombia permitía esta clase de vínculos que permitían la unión matrimonial de menores a edades tempranas, un aspecto que, según especialistas, limita las oportunidades de desarrollo personal, educativo y laboral. A la espera que el presiente de la República, Gustavo Petro, sancione este proyecto, Colombia se suma a los países del mundo han erradicado el matrimonio infantil, consigna que se encuentra respaldada por las Naciones Unidas en su Agenda 2030 con miras al desarrollo sostenible.

Diomedes de Jesús Díaz Noriega, un hombre de 37 años, fue enviado a prisión preventiva en Cartagena por su presunta implicación en la adulteración de bebidas alcohólicas. Las autoridades descubrieron una vivienda en el barrio La Quinta, en Cartagena, donde al parecer, se fabricaba y comercializaba licor adulterado, poniendo en riesgo la salud pública. La Fiscalía General de la Nación le imputó a Díaz Noriega varios delitos, entre ellos corrupción de alimentos, imitación o simulación de productos y usurpación de derechos de propiedad industrial. A pesar de las pruebas presentadas, el acusado no aceptó los cargos. La defensa argumentó que no hubo participación directa de su cliente en los hechos, pero el proceso legal continuó con base en el material probatorio. En la vivienda donde se encontraron más de 125 botellas de licor, 210 bolsas con sellos de un whisky escocés, 560 estampillas de licor del departamento de Bolivar y 240 anillos de seguridad, entre otros elementos. Estos hallazgos fueron fundamentales para que un juez de Control de Garantías decidiera imponer la medida de aseguramiento en centro carcelario. El ahora procesado cumplirá su reclusión en la cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena. Este caso pone de manifiesto la gravedad de las actividades de adulteración de productos de consumo humano y la respuesta legal contundente para proteger a la población.