El pasado lunes 9 de septiembre se realizó en Bogotá la posesión del Consejo Nacional de Juventudes para el periodo 2024 – 2025, un acto que contó con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y en el que se designó a Sebastián Hernández Arroyo como representante por parte de #Cartagena. Hernández es abogado de profesión, graduado de la Universidad de Cartagena. Además, es delegado por el Consejo de la Localidad Industrial y de la Bahía y por el Consejo Distrital de Juventudes de Cartagena. Con este nuevo cargo, el egresado de la UdeC deberá propender por ser un interlocutor entre el Gobierno Nacional, en búsqueda de mejores oportunidades para las jovenes del país. Luego del acto solemne, los delegados realizaron su primera sesión ordinaria y tuvieron una sesión conjunta con la Cámara de Representantes, donde hicieron aportes para los proyectos de ley que avanzan en esa instancia y que involucran a las juventudes.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha desestimado la apelación presentada por la Concesión Vial de Cartagena, que buscaba anular el laudo arbitral emitido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena.  El laudo arbitral abordó un conflicto relacionado con el contrato de los peajes internos de Cartagena, centrándose en la interpretación de la fórmula para recuperar la inversión efectuada en el Corredor de Carga. Aunque el Tribunal accedió parcialmente a las demandas de la Concesión, determinó que ciertos cambios contractuales no podían ser revisados debido al tiempo transcurrido. La Concesión Vial alegó que el tribunal no había actuado correctamente en su decisión, pero el Consejo de Estado concluyó que la apelación no cuestionaba los fundamentos legales, sino las interpretaciones realizadas por los árbitros. Además, el Consejo de Estado impuso una sanción económica de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a la Concesión Vial de Cartagena.

Samuel Pérez Herrera, vigilante con 12 años de servicio en la Unidad Nacional de Protección (UNP), se encadenó el día de ayer 9 de diciembre en las oficinas de la empresa SOS en Cartagena, denunciando haber sido despedido de manera injustificada, señalando que su desvinculación está basada en acusaciones falsas relacionadas con unas fotografías publicadas en su estado de WhatsApp. Según el vigilante, las imágenes mostraban a sus hijos manipulando armas durante un curso en una academia privada, pero la empresa argumentó que se trataban de armas pertenecientes a la dotación de la UNP bajo su cargo. «Dijeron que eran armas de la UNP, algo totalmente falso. Presenté pruebas de que eran de una academia privada, pero nadie quiere asumir la responsabilidad», explicó Pérez. El caso ha generado controversia, ya que Pérez asegura contar con fuero sindical, lo que impediría un despido sin autorización judicial, sin embargo, afirma que la empresa SOS lo mantiene sin asignación laboral y con un salario básico mientras su caso permanece en el limbo. “Esto no es solo conmigo; muchos compañeros han pasado por lo mismo. Algunos han tenido que librar largas batallas legales para ser reintegrados, pero las injusticias continúan”, comentó el vigilante, quien también denunció persecuciones laborales en la UNP durante los últimos cuatro años. En su protesta, Pérez exigió una respuesta clara por parte del director de la UNP,  y asegura que su objetivo, es ser reintegrado a su trabajo y garantizar el respeto a los derechos laborales. “La huelga la mantendré hasta que definan mi situación. No estoy pidiendo nada fuera de la ley, solo que se respeten mis derechos como trabajador”, concluyó Samuel Pérez.