Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, hizo la entrega de subsidios complementarios de vivienda a tres beneficiarios. Amaury Reyes, Francisco Andraes y Cecilia Macea fueron los beneficiarios de $13.500.000 para su casa propia.  Estos subsidios son el resultado de un intenso trabajo de la convocatoria lanzada en noviembre de 2024, y representan un compromiso continuo por parte de la administración municipal para que más montemarianos tengan una vivienda digna.  “Hemos estado comprometidos en implementar acciones concretas y reales que permitan a los monterianos alcanzar el cierre financiero necesario para adquirir su vivienda. A pesar del congelamiento del programa del Gobierno Nacional ‘Mi Casa Ya’ en noviembre, un golpe inesperado, no nos dejamos desalentar. En respuesta a este desafío, emitimos un decreto que permite la creación de subsidios complementarios, garantizando que nuestro compromiso con las familias de Montería se mantenga firme. Con estos subsidios, buscamos no solo ofrecer un apoyo significativo, sino también reforzar la esperanza de que el sueño de tener una casa propia sea una realidad para muchas más familias.”, dijo Kerguelén.  Este esfuerzo nace del programa “Montería Vive con Vivienda”, regulado por el Decreto 0086 de 2025, que busca otorgar un apoyo financiero relevante para hacer realidad el sueño de tener casa propia. En ese sentido, la convocatoria del presente año se hará desde el 24 de febrero y se extenderá hasta el 28 de febrero. Acto seguido, vendrá una segunda ronda del 3 al 7 de marzo. Los subsidios en 2025 serán de 20 salarios mínimos. “No hay mayor satisfacción y tranquilidad que la que brinda tener una casa propia. Para nosotros, en la administración de Montería, ver a las familias seguras en sus hogares es uno de los mayores logros, ya que esto propicia un entorno donde pueden crecer y prosperar”, concluyó el alcalde.

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el riesgo de una posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Esta situación podría acarrear graves consecuencias económicas y ambientales para la región y el país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que finalizar anticipadamente este contrato implicaría un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan logrado avances significativos en la restauración ambiental prevista. Hasta el momento, solo se han realizado obras menores de mejoramiento vial y algunos dragados de mantenimiento en el canal. Además, la terminación del contrato dejaría sin solución problemas ambientales que afectan a aproximadamente 1,5 millones de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Estos problemas incluyen bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en temporadas de sequía y excesiva sedimentación La Contraloría también advirtió que nuevos requisitos, como la exigencia de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la implementación de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el canal y la realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, podrían retrasar aún más el proyecto. Ante este panorama, el contralor instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a gestionar adecuadamente estos riesgos para evitar la terminación anticipada del contrato y proteger los intereses públicos y ambientales de la región. La restauración del Canal del Dique es considerada un proyecto de importancia estratégica para la nación, con una inversión estimada de $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y preservar ecosistemas clave en la región Caribe.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó su preocupación por las quejas de los ciudadanos respecto a los resaltos instalados en La Boquilla para reducir la velocidad de los vehículos. En un comunicado a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Turbay calificó la medida como «antitécnica» y señaló que la implementación de estos reductores ha generado serios inconvenientes tanto para los conductores como para la comunidad. Según el alcalde, los resaltos, que obligan a los vehículos a reducir la velocidad a cero, han provocado congestión vehicular, riesgos de accidentes y, en algunos casos, denuncias de atracos. Además, destacó que el diseño de los resaltos, ubicados a corta distancia entre sí, está provocando vibraciones excesivas, lo que, según los conductores, estaría dañando los sistemas de dirección y suspensión de los vehículos. Turbay aclaró que la instalación de los reductores fue llevada a cabo por la concesión Ruta Costera en diciembre de 2024, con el objetivo de reducir la siniestralidad en la zona, y con la aprobación del Consejo Comunitario de La Boquilla. Sin embargo, el alcalde señaló que el municipio solicitará al concesionario, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (DATT), un estudio de siniestralidad y un análisis técnico que justifique la colocación de este tipo de resaltos. El alcalde también propuso convocar una «mesa de urgencia» con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario de la vía, para coordinar y buscar una solución alternativa que beneficie tanto a los residentes de La Boquilla como a los conductores. Entre las posibles soluciones, Turbay sugirió la implementación de una cámara de fotodetección para regular el tráfico urbano a una velocidad de 30 kilómetros por hora.