Aguas de Cartagena avanza en la intervención de las redes de acueducto de la ciudad «sin inconvenientes y conforme a lo proyectado». Esta primera intervención, que durará aproximadamente 20 horas y que tuvo inicio sobre las 7:00 am, se está llevando a cabo en 17 frentes de trabajo y en estos momentos presenta un avance del 17%. “Estamos muy optimistas de poder cumplirle a Cartagena con la ejecución de estas obras prioritarias, fundamentales para garantizar mayor confiabilidad en el servicio y reducir la vulnerabilidad de las redes”, aseguró Manuel Vicente Barrera, gerente de Acuacar. Uno de los puntos más importantes de esta intervención es la instalación de las dos interconexiones de redes de agua de los barrios Nuevo Bosque y Vista Hermosa, las cuales están previstas para culminar su primera fase mañana a espera de una segunda que está prevista para realizarse dentro de un mes. A su vez, en la planta de tratamiento ubicada en el barrio El Paraguay se están desarrollando ocho actividades operativas y se están adelantando obras por fuga en Albornoz e inmediaciones de la estación de bombeo de agua cruda de piedrecitas. Por su parte, en Bocagrande se están instalando y habilitando dos válvulas de control del caudal. Mismo trabajo que se viene desarrollando durante la jornada de hoy en la diagonal 21 del Bosque. Mientras que en La Boquilla, sector Marlinda se instala una válvula y una ventosa.

Las empresas de servicios públicos de Cartagena han declarado la guerra a las conexiones ilegales. Agua de Cartagena, Afinia y Surtigas, en alianza con la Policía y la Fiscalía, han puesto en marcha una campaña para frenar el fraude en el uso de agua, energía eléctrica y gas, delitos que pueden llevar a prisión a quienes los cometan. La iniciativa busca identificar, denunciar y judicializar a todas las personas que incurran en estas prácticas ilegales, las cuales están tipificadas en la ley y pueden acarrear sanciones penales severas, incluyendo cárcel. Según datos de las empresas prestadoras del servicio, en Cartagena existe un alto número de usuarios que se conectan de manera ilegal, afectando la calidad del servicio y generando pérdidas millonarias. Como parte de la estrategia las empresas han dispuesto canales de denuncia anónimos para que los ciudadanos informen sobre conexiones ilegales sin temor a represalias. Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades y podrían derivar en procesos judiciales contra los responsables. Recordemos que el código penal colombiano contempla penas de prisión para quienes cometan fraude en los servicios públicos, considerando estas acciones como delitos contra el patrimonio económico.