En un evento en Cali, el ministro de las Culturas, Juan David Correa, anunció la inclusión del «Complejo Musical-Dancístico de la Salsa Caleña» en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia mediante la resolución 367 de 2024. Este reconocimiento busca proteger y promover las prácticas que forman parte de esta tradición musical y dancística, arraigada en la identidad de la ciudad. Correa destacó la salsa como una expresión cultural que narra la historia de Cali, mencionando la importancia de su comunidad de artistas, bailarines y artesanos. Subrayó que esta manifestación podría llegar a ser patrimonio de la humanidad en el futuro. El «Complejo Musical-Dancístico de la Salsa Caleña» abarca conocimientos, técnicas y habilidades que han evolucionado a lo largo del tiempo, creando un ecosistema social único en Santiago de Cali. Este patrimonio involucra a diversos actores, desde músicos hasta artesanos que confeccionan trajes e instrumentos. El Plan Especial de Salvaguardia (PES) que acompaña esta declaración incluye siete líneas estratégicas para asegurar la continuidad de la salsa en la ciudad. Estas estrategias se centran en la formación, la comunicación, y el apoyo a organizaciones comunitarias, entre otros aspectos. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, celebró esta declaración como un logro colectivo y enfatizó el compromiso de la comunidad y del ministerio en la preservación de esta tradición cultural. La inscripción marca un nuevo capítulo para la salsa caleña, fortaleciendo su relevancia y su potencial para ser reconocida globalmente.

En preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el intendente en retiro Carlos Augusto Fernández, aceptó ser parte de una red de trata de personas, por lo que fue condenado a siete años de prisión. Con la información que se recopiló por parte de la Dirección Especializada contra la violación a los derechos humanos de la Fiscalía, el hombre captaba a jóvenes en Medellín, y coordinaba traslados a Francia, donde eran explotados laboral y sexualmente. Entre los años 2022 y 2023, mientras estuvo activo, desempeñó labores en la estación La Candelaria, en la capital antioqueña, contactó a muchas mujeres a quien les ofreció que trabajaran como modelos en Francia. «Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval», dice la Fiscalía. Estas mujeres que obtenían la aprobación de la estructura tomaban un vuelo en el aeropuerto de Jose María Córdova de Rionegro con rumbo a Madrid o Barcelona (España), de donde eran trasladadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia). Las jóvenes se percataban que al llegar a territorio francés los registros fotográficos habían sido publicados en sitios virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda impuesta por la organización. Carlos Augusto Fernández Raigosa, además fue condenado por un juez penal especializado de Medellín, quien le impuso una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.