La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.

Así nace la idea de la placa conmemorativa tras la visita real. En noviembre de 2014, Cartagena fue escenario de una visita histórica con la llegada del príncipe de Gales y su esposa Camila, duquesa de Cornualles. Por ello, se planteó recibirlos en un acto diplomático, organizado por las autoridades locales y encabezado por el entonces alcalde Dionisio Vélez, donde se develó una placa en honor a los soldados británicos caídos durante el asedio de Cartagena en 1741; sin embargo, la placa de la «discordia» trascendió más que la misma visita real. Siendo así, lo que pretendía de un gesto diplomático rápidamente se convirtió en el descontento de los locales, tras considerar este hecho como una falta a la memoria histórica del legado de la defensa heroica de la ciudad… Para las personas, esta placa no reconocía adecuadamente la valentía de los defensores, tal como Blas de Lezo y su ejército de 3.000 hombres, mismos que vencieron a las tropas inglesas con aproximadamente 30.000 hombres comandados por Vernon.  ¿Un acto de defensa histórica o vandalismo? El rechazo popular alcanzó su punto máximo cuando Jaime Rendón Márquez, un activista y defensor de los derechos humanos, mismo que fue arrestado por destruir la placa con una «mona», rompió el monumento en un acto de protesta, argumentando que la placa era una afrenta a la historia de Cartagena y que su destrucción era necesaria para preservar el honor de los héroes que defendieron la ciudad. Sin embargo, poco después quedó en libertad. Este acto fue la culminación de un sentimiento generalizado entre muchos cartageneros, que también asistieron al lugar donde se encontraba la placa en aras de protestas con pancartas, incluso algunos vestidos con ropa de la época militar, como si tratasen de personificar a Blas de Lezo y que consideraban que la placa no debía estar en un lugar tan emblemático. Para ellos, el homenaje ignoraba el sacrificio de «Blacho» y de aquellos que lucharon para proteger la ciudad, centrándose en los caídos británicos.  El fin de la placa. Por lo anterior, la presión popular fue tan fuerte que llevó al alcalde de entonces, Dionisio Vélez, a anunciar la remoción definitiva de la placa. En la actualidad, diez años después, la historia de la placa de la “discordia” es una expresión viva del sentimiento patriótico, que, por medio de la identidad que van marcando las historias de una ciudad, asimismo va forjando el carácter de nuevas generaciones.