En una misiva entregada al Alcalde (e) de Cartagena Pedrito Pereira, la Universidad Nacional alertó de forma categórica sobre la situación catastrófica que representa que 220 familias que hoy habitan las edificaciones realizadas ilegalmente por el “Clan Quiroz”, sigan sin ser evacuadas ante la eminente posibilidad de que se pueda presentar una catástrofe igual o mayor, a la ocurrida el 27 de abril del 2017 en el barrio Blas de Lezo, en donde uno de los edificios en construcción por este clan, se desplomó ocasionando la muerte de algunos trabajadores de la obra y dejando en condiciones lamentables a las personas sobrevivientes de la tragedia.
En dicho documento, la universidad Nacional advierte que es necesario evacuar luego de que los estudios pertinentes realizados por esta institución para conocer la situación de las edificaciones, como en su momento lo realizó la universidad de Cartagena, demostrara la necesidad de desalojar los edificios Villa Mary, Portal del Blas de Lezo I, Portal de los Alpes y Alpes 31. Esto al encontrar “malas prácticas de ingeniería en cuanto a técnicas y procesos constructivos, ausencia de capacidad de los elementos estructurales por deficiencias en el diseño estructural, baja calidad de los materiales empleados y el no cumplimiento de los requerimientos mínimos estipulados en la ley 400 de 1997”.
Además, se adjunta la premisa de que “es de resaltar que estas patologías son sistemáticas y se encuentran en las 4 edificaciones listadas anteriormente. Por lo cual, es muy factible que los 11 edificios que no nos han sido entregados y que fueron construidos en el mismo periodo, y por la misma constructora, se encuentren en riesgo de colapso ante las cargas de uso actual”. Planteando una clara crisis distrital y una necesidad inmediata de plantear estrategias para salvaguardar la seguridad de las personas que viven en estas edificaciones y de los vecinos de estos edificios. Por lo que el llamado de la universidad Nacional es a la evacuación inmediata de estos ciudadanos.
Javier Doria, uno de los abogados que trabaja para las personas afectadas, es contundente al manifestar que, ante la alerta, “es imprescindible que el distrito asuma la responsabilidad que le corresponde y evite que la vida y honra de las personas se encuentren en riesgo”. Además, “pedimos al alcalde que nos reciba, a los apoderados y algunos representantes de las familias para que pueda conocer de cerca cuales son las acciones que van a emprender, ya hemos previsto instaurar algunas acciones judiciales, algunas ya están instauradas, ya se han agotado espacios de conciliación con las autoridades publicas y mientras llegamos a un escenario judicial, pedimos que se hagan responsables durante el tiempo que dura este proceso”, Advierte el abogado.
Debido a que, mediante una orden judicial, el distrito debía reconocerle a las familias subsidios de arriendo, para que se pudieran mudar y así proteger sus vidas. Este subsidio solo llegó a manos de casi el 50% de las familias y no de forma completa. Por lo que también la decisión en torno al tema de los subsidios para estas familias, es otra de las preocupaciones constantes ante la posible tragedia.
Llama la atención
Que el pasado mes de enero del presente año, ya se había evidenciado esta tragedia, cuando la universidad de Cartagena alertó sobre la misma situación basándose en un estudio preliminar y no final, sobre estas edificaciones ilegales, denotando las mismas variables en tanto a malas practicas de construcción y riesgo de colapso, y que, ya conocida la posible tragedia, primara más un error de forma y no de fondo.
Al encontrar en el marco teórico de dicho estudio una referencia a una tesis de un estudio en México, por la cual posteriormente fue señalada como irrelevante el estudio, al considerar plagio por parte de la universidad a un dato referenciado en el marco teórico y se obviara la amenaza que seguía latente y las personas que seguían viviendo en esas edificaciones y lo que es más grave, hacer a un lado un estudio en proceso, que iba por el mismo camino del ya entregado por la universidad Nacional alargando con ello el riesgo a más meses, en lugar de propender por lo alertado por el estudio aprovechando el tiempo para que el Distrito, las entidades públicas pertinentes y las partes en riesgo, se sentasen a plantear medidas para contrarrestar la crisis que ahora se presenta como nueva y más catastrófica que antes.
