Por Jimmy J. Padilla Gaviria

Estudiante de Derecho

La costa Caribe colombiana, región donde según datos del 2018, 33 de cada 100 habitantes viven en situación de pobreza multidimensional, más precisamente 3,6 millones.

Debido al confinamiento obligatorio esta situación se vio mucho más agravada, donde medianas empresas se declararon en estado de insolvencia habiendo quiebras a gran escala, consecuencia de las numerosas pérdidas en los ingresos. Sin tener en cuenta además a las pequeñas empresas y trabajadores informales que no se ven sumados en las estadísticas, micro emprendimientos los cuales a día de hoy se encuentran completamente cerrados y en estado de quiebre.

La pobreza ya era un pan de cada día en nuestra muy golpeada región y si antes del confinamiento la situación ya era delicada, post cuarentena esta se va agravar aún más, por ende, la reapertura de los diferentes sectores de la economía se le debe sumar un gran cambio.

Uno que sea flexible con las relaciones laborales, se limite de buena manera la intromisión del estado a la hora de realizar negocios laborales, un estado que además de probar su ineficiencia, lo sufren muchísimos ciudadanos día a día en sus bolsillos.

Un gran cambio en nuestro ordenamiento jurídico, para facilitar la negociación a la hora de crear nuevas empresas y por ende nuevos puestos de empleo; que, al momento de querer hacer tu trámite para montar tu emprendimiento privado, no te caigan impuestos como si fuera una llave de agua.

Con la pandemia la dependencia al estado aumento mucho más, dando resultado la misma sujeción del mismo al bolsillo de los colombianos, sacando cada vez más y más plata.

La reapertura de la economía debe hacerse con un gran cambio, uno que incentive la creación de riqueza, la productividad es el motor de la prosperidad, muy necesaria para estos tiempos de crisis económica que se avecinan.