Un hecho lamentable fue reportado este 01 de enero de 2025 en Cartagena. Como Ariana Sofía Marín Ayola, 16 años, fue identificada la joven que perdió la vida en el sector Isla de Belén, luego de que su pareja, un sujeto de 18 años, le dispara al parecer en medio de una confusión. En su momento, se conoció según algunas versiones extraoficiales, que sería Cristian, el compañero sentimental de la víctima se encontraba escondido en una vivienda luego de haber tenido una discusión con una vecina donde al parecer resultó una persona herida. Tras ello habría decidido “esconderse”, y la joven por su parte fue a acompañarlo. Cuando ingresó al lugar donde se encontraba el sujeto, este, habría sido el responsable de accionar el arma al parecer porque en hechos confusos pensó que “venían por él”. Hace unos momentos, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado donde confirman que el sujeto fue enviado a la cárcel como presunto responsable. Le imputaron los delitos de homicidio agravadoy fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Las empresas de servicios públicos de Cartagena han declarado la guerra a las conexiones ilegales. Agua de Cartagena, Afinia y Surtigas, en alianza con la Policía y la Fiscalía, han puesto en marcha una campaña para frenar el fraude en el uso de agua, energía eléctrica y gas, delitos que pueden llevar a prisión a quienes los cometan. La iniciativa busca identificar, denunciar y judicializar a todas las personas que incurran en estas prácticas ilegales, las cuales están tipificadas en la ley y pueden acarrear sanciones penales severas, incluyendo cárcel. Según datos de las empresas prestadoras del servicio, en Cartagena existe un alto número de usuarios que se conectan de manera ilegal, afectando la calidad del servicio y generando pérdidas millonarias. Como parte de la estrategia las empresas han dispuesto canales de denuncia anónimos para que los ciudadanos informen sobre conexiones ilegales sin temor a represalias. Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades y podrían derivar en procesos judiciales contra los responsables. Recordemos que el código penal colombiano contempla penas de prisión para quienes cometan fraude en los servicios públicos, considerando estas acciones como delitos contra el patrimonio económico.