Hoy, 24 de septiembre, el Congreso decidirá si da luz verde al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, un ambicioso proyecto que asciende a $523 billones.  Sin embargo, el enfoque de este debate ha girado más en torno a cómo se distribuirá el dinero, especialmente en un contexto donde $327,9 billones estarán destinados a gastos de funcionamiento y $112 billones al servicio de la deuda, dejando solo $82,5 billones para inversión. Esta drástica reducción de los recursos destinados a obras públicas y proyectos sociales, en comparación con 2024, ha sido duramente criticada por el Consejo Gremial. Un detalle clave es que el 2,3% del total del presupuesto dependerá de la aprobación de una ley de financiamiento que el Gobierno aún está gestionando en el Congreso. Esto significa que $12 billones, cruciales para ejecutar el plan, están en suspenso, generando incertidumbre sobre si este presupuesto realmente podrá materializarse en su totalidad.  El Consejo Gremial ya ha expresado su preocupación por este panorama, señalando que, aunque el Gobierno prioriza el gasto de funcionamiento, lo hace a costa de recortar recursos esenciales para el desarrollo del país. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que las comisiones económicas buscan aumentar el presupuesto, no reducirlo. Sin embargo, el tiempo para tomar decisiones es limitado y la aprobación sin cambios antes del 20 de octubre parece incierta, lo que genera dudas sobre si se priorizará la inversión que el país necesita.

La Contraloría General de la República ha hecho una advertencia sobre la posibilidad de un apagón que podría afectar a más de 10 millones de personas en varias regiones del país. Esto se debe a los atrasos en los pagos de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía a las empresas que prestan el servicio eléctrico, lo que podría dejar a zonas como la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Vichada sin suministro de energía. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra ha señalado que las superintendencias de Servicios Públicos y de Industria y Comercio no han actuado ante este escenario crítico. La falta de respuestas de estas entidades, encargadas de la supervisión, podría agravar la situación, llevando al racionamiento y apagones que impactarían de forma severa sectores vitales como la salud y el comercio. La Contraloría ha hecho un llamado urgente al Gobierno nacional para que tome las medidas necesarias que eviten esta posible crisis. Se requiere que se normalicen los pagos de los subsidios energéticos para asegurar que millones de colombianos no se vean afectados por una falta de electricidad, lo que podría desencadenar graves consecuencias en el bienestar de la población y en la economía nacional. Fuente. Semana