A nivel global, se vive el temor por la llegada de un nuevo tipo de amenaza tecnológica: el uso de drones con fines criminales. Esto es resultado de los innegables avances tecnológicos en la industria de los drones, que han significado aplicaciones no solo en el Sector Defensa, sino en otros campos, como la industria cinematográfica, agrícola, y catastral, entre otras. Pero lo preocupante es que estos mismos avances están siendo aprovechados por quienes buscan infligir daño, incluso en situaciones de guerra como la de Ucrania, Irán, Israel, Palestina, Rusia, y en donde ambos bandos han utilizado drones. Parte de su éxito para soportar la avanzada rusa se debe al uso aeronaves no tripuladas (UAS). Localmente, ya se habla de un incremento en el uso de drones para realizar ataques. En días pasados el comandante General de las Fuerzas Militares se dirigió a sus tropas con un contundente mensaje: hay que prepararse ante posibles ataques con drones. Es por ello fundamental establecer protocolos y medidas preventivas para mitigar los riesgos asociados al empleo de drones por parte de estructuras criminales. ¿Cómo hacerle frente a esta nueva estrategia de guerra? Luis Guillermo Sandoval, CEO de BANSAT, empresa colombiana de telecomunicaciones y tecnología, resalta que en el mundo ya existen múltiples métodos de detección y neutralización/mitigación de los drones que se manifiestan como una amenaza. Los desarrollos son numerosos y se equiparan al ingenio de los atacantes, con lo cual se puede tener una parte de tranquilidad de que las herramientas frente a este peligro ya existen. Un sistema contra drones puede dividirse en dos segmentos: la detección y la neutralización. El primero, es la conciencia de una aeronave no tripulada volando en espacio restringido, los mecanismos se dividen en radares, sensores de RF que perciben la señal entre el dron y el control remoto, detección óptica (cámaras), e incluso sensores acústicos. El segundo segmento, que depende del primero (en la mayoría de los casos), incluye mecanismos que interfieren algún tipo de señal usada por el dron, desde inhibir la señal que lo controla, hasta buscar dañar su sistema de posicionamiento por GPS. Todos estos son medios no mecánicos, mientras que, dentro de los mecánicos, las alternativas son drones con redes, armamento convencional (balas, misiles) y armamento sofisticado como láseres y sistemas de energía dirigida (DEW por sus siglas en inglés). Cada solución tiene sus ventajas y desventajas, pero definitivamente los factores que se deben tener en cuenta son el nivel de efectividad, frente a la amplia variedad de drones y por supuesto, el costo. En este sentido, la desventaja es muy grande, pues esta situación surge de lo económico que resulta convertir un dron, ya de por sí barato, en un arma letal; el desbalance entre amenaza y mecanismos de defensa, desde la perspectiva económica, es desafortunadamente enorme. Al mismo tiempo, la infraestructura que está en riesgo y el peligro para las personas es de valor incalculable. La lista de escenarios donde un sistema contra drones puede ser útil es extensa e incluye también los drones recreativos y aquellos usos que no necesariamente buscan infligir daño. Los aeropuertos encabezan la lista. Este año 2024 ya se reportan varios incidentes y en el último mes se evitó por muy poco una colisión de un jet comercial con un dron. Los sistemas ya son empleados también en fronteras, centros penitenciarios y para proteger infraestructura crítica como grandes complejos de energía. Como en diferentes ámbitos, un impulsador de la tecnología contradrones ha sido la integración de sistemas de IA (Inteligencia Artificial). Sandoval resalta que las diferentes tecnologías han sido probadas y funcionan en otros países de forma eficiente, lo que encaja con las palabras del comandante de las Fuerzas Militares, cuando advierte que deben prepararse para enfrentar ataques con drones. Los sistemas contradrones se convierten en una herramienta esencial para detectar y neutralizar amenazas, lo que va en línea con la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional.

Colombia podría enfrentar una crisis energética debido a los bloqueos anunciados por la comunidad de Barú y Ararca contra la Sociedad Portuaria El Cayao, que produce cerca del 40% del gas del país. La disputa surge tras un fallo de la Fiscalía 17 Seccional de Cartagena, que ordenó la restitución del predio donde opera la gasificadora a la comunidad de Barú. Según el proceso penal 255.819 de 2018, la compraventa del terreno se realizó con documentos falsificados, por lo que la Sociedad Portuaria El Cayao S.A.E.S.P. y la Helm Fiduciaria Itaú no tienen derechos sobre el predio “El Cayao”. El 28 de octubre de 2024, la Fiscalía ratificó la restitución del terreno a los nativos de Barú, pero la empresa no ha devuelto el predio, lo que ha generado tensión en la zona. Ante el incumplimiento del fallo, la comunidad ha anunciado bloqueos a la portuaria, lo que podría afectar la distribución de gas en todo el país. Los abogados de la comunidad, Yordano Beleño Pitalúa y Óscar Fidel Prada Ferrer, han denunciado un posible tráfico de influencias en el caso. Acusan a Francisco Sintura Varela, abogado de la Sociedad Portuaria y exvicefiscal general, de intervenir en el proceso. Además, señalan que el expediente fue trasladado a Bogotá el 3 de marzo de 2025 sin previo aviso a las víctimas ni a la Dirección Seccional de Fiscalías. Ante esto, la comunidad de Barú mantiene su exigencia de restitución y prepara medidas de presión. Si los bloqueos se concretan, Colombia podría enfrentar serios problemas en el suministro de gas.