Con 48 votos a favor y cinco en contra, el Senado respaldó la ponencia positiva de la iniciativa que busca establecer nuevas reglas para el sometimiento de organizaciones criminales. El proyecto contempla beneficios penales condicionados, entrega de armas y reparación a las víctimas, pero todavía debe superar el trámite legislativo.
El Congreso de la República enfrenta una carrera contra el tiempo para aprobar uno de los proyectos más importantes del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en materia de seguridad y justicia. Durante la plenaria del viernes 30 de octubre, el Senado dio un paso en la discusión de la denominada ley de sometimiento, una iniciativa que pretende modificar el marco jurídico para que integrantes de organizaciones criminales abandonen las actividades ilegales y respondan ante la justicia. La votación dejó 48 respaldos a la ponencia positiva y cinco votos en contra, mientras que una proposición para archivar el proyecto fue rechazada por 45 senadores.
La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 296 de 2026 Senado y 433 de 2026 Cámara, busca modificar y prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. Su propósito es establecer procedimientos judiciales y administrativos para el sometimiento de integrantes de estructuras armadas ilegales, mediante compromisos verificables de colaboración con la justicia, abandono de actividades delictivas y reparación a las víctimas. El Gobierno también pretende sustituir parte de los mecanismos asociados a la política de Paz Total de la administración anterior.
Rebajas de penas y entrega de armas: las condiciones que plantea la nueva ley
Uno de los aspectos que más atención ha generado es el tratamiento penal para quienes decidan someterse. Según el texto discutido en el Congreso, los integrantes de base de determinadas organizaciones podrían acceder a reducciones de hasta el 50 % de sus penas, mientras que los responsables de liderazgo tendrían beneficios más limitados, de hasta el 30 %, con una pena mínima prevista de diez años para estos últimos. Estas condiciones no serían automáticas y estarían sujetas a requisitos legales y control judicial.
El proyecto exige compromisos como la dejación de armas, la suspensión de actividades ilegales, la entrega de bienes vinculados a las organizaciones y la colaboración efectiva con las autoridades. También contempla disposiciones especiales para proteger a menores reclutados por grupos armados y a víctimas de violencia sexual. Durante la sesión del viernes, el Senado aprobó los artículos 14, 22, 23 y 24, relacionados con el tratamiento penal diferenciado, la protección de víctimas, las inhabilidades y los procedimientos de judicialización.
Sin embargo, la propuesta ha generado diferencias políticas. Sectores de oposición consideran que determinados beneficios podrían resultar excesivos para responsables de delitos graves, mientras que los defensores del proyecto sostienen que el nuevo marco jurídico permitirá exigir condiciones más estrictas a quienes pretendan abandonar las organizaciones criminales. El debate también incluye mecanismos para fortalecer la presencia institucional del Estado en territorios afectados por la violencia y evitar la reorganización de estructuras ilegales.
El 4 de noviembre será decisivo para el futuro de la ley
El principal desafío del Gobierno es el tiempo. La iniciativa tiene como fecha límite el miércoles 4 de noviembre, cuando vence la vigencia de la Ley de Orden Público que se busca prorrogar. Por esta razón, el Ejecutivo presentó el proyecto con mensaje de urgencia, con el propósito de acelerar su discusión en el Congreso y completar las etapas legislativas pendientes.
Aunque el Senado aprobó la ponencia positiva y cuatro artículos, la sesión del viernes terminó sin una votación definitiva del articulado. El debate fue programado para continuar el martes 3 de noviembre, mientras que la Cámara de Representantes también deberá abordar la iniciativa en su plenaria. Posteriormente, si existen diferencias entre los textos aprobados por ambas corporaciones, será necesario adelantar la conciliación correspondiente antes de la sanción presidencial.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, advirtió que la falta de aprobación oportuna podría afectar instrumentos institucionales relacionados con la protección de víctimas y la financiación de programas de seguridad y convivencia ciudadana. Así, el Congreso tendrá que definir en los próximos días si logra sacar adelante la propuesta que busca transformar las condiciones de sometimiento de organizaciones criminales, en medio de un debate nacional sobre justicia, seguridad y garantías para las víctimas.
