Ada Evelyn Ardila Pérez, de 38 años, falleció en Medellín luego de someterse a una cirugía estética en un quirófano clandestino. El procedimiento, realizado en un edificio del centro de la ciudad, estuvo a cargo de falsos cirujanos que, al notar complicaciones, abandonaron el lugar y huyeron en un vehículo tras llamar a una ambulancia. Siendo así, la intervención comenzó a las 5:30 p.m., según los familiares de Ada, quienes señalaron que los problemas surgieron poco después de iniciada la liposucción. Cuando los supuestos profesionales intentaron escapar, los familiares entraron y hallaron a Ada en estado crítico. Al llegar, los paramédicos confirmaron que la mujer no tenía signos vitales y observaron que su abdomen estaba abierto sin las mínimas condiciones de asepsia. Las autoridades hallaron equipos médicos y documentos personales en el sitio, lo que evidencia que el lugar operaba como una clínica ilegal. En ese sentido, el alcalde de Medellín,FedericoGutiérrez, expresó: «No podemos permitir que estos casos sigan ocurriendo. Es fundamental trabajar en conjunto con la Secretaría de Salud y otras entidades para implementar controles que eviten el funcionamiento de estas clínicas de garaje y protejan a nuestra comunidad» Revisión @⁨Gabriela Almeida⁩

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al Canal del Dique, ubicado en el norte de Colombia, como víctima del conflicto armado. Este cuerpo de agua, que conecta Cartagena de Indias con el río Magdalena, fue utilizado durante años para arrojar los cuerpos de personas asesinadas, principalmente por grupos paramilitares. La acreditación responde a una solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones étnicas de la cuenca. La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, destacó en un acto en Cartagena que este reconocimiento se debe a los informes presentados por las víctimas, en su mayoría afrodescendientes, que permitieron activar las competencias de la JEP. Valencia subrayó que, según el acuerdo de paz con las extintas FARC, se debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades étnicas y visibilizar las diversas violencias sufridas. Además, recordó que el Canal del Dique ha sido denominado por la Comisión de la Verdad como «el cementerio acuático más grande de Colombia». A pesar de la disminución de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el Canal del Dique sigue siendo utilizado para deshacerse de cadáveres, perpetuando el terror en la región. Las comunidades locales han reportado amenazas e intimidaciones para que no continúen con sus denuncias, lo que ha llevado a que algunas víctimas soliciten y reciban medidas de protección por parte del Estado. Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, enfatizó la importancia de reconocer al Canal del Dique como sujeto de derecho debido a las múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como el control ejercido por grupos armados en el territorio. Camargo también instó al Estado a reconocer los daños en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la región. Este reconocimiento por parte de la JEP representa un paso significativo en la reparación y visibilización de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente en territorios históricamente marginados como el Canal del Dique.