La discusión sobre el futuro del transporte en Colombia tomó un nuevo rumbo. Tras la radicación del proyecto de ley “Por allá sí voy”, que busca regular las plataformas digitales como Uber, DiDi y Cabify, representantes de más de 2.000 taxistas en Bogotá enviaron una carta a los congresistas para pedir que la iniciativa incluya soluciones más amplias para el sector.
La propuesta fue presentada el martes 13 de octubre de 2026 ante el Congreso de la República y plantea modificar las condiciones bajo las cuales operan los conductores de aplicaciones y el servicio público individual de taxi.
Aunque el proyecto busca establecer reglas para ambos sectores, la reacción de los taxistas evidencia que todavía existen diferencias sobre cómo debería desarrollarse esta regulación.
La firma LET Consultores, que asesora y representa a más de 2.000 taxistas en Bogotá, solicitó a los congresistas ampliar la discusión y construir una reforma que tenga en cuenta las condiciones económicas, jurídicas y laborales de quienes prestan el servicio.
Taxistas piden que la nueva ley no se limite a eliminar multas
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el alcance de la propuesta legislativa.
En la carta enviada a los congresistas, LET Consultores advirtió que el debate no debería concentrarse únicamente en eliminar el comparendo D-12, relacionado con la utilización de vehículos para prestar un servicio diferente al autorizado.
Para los representantes de los taxistas, el problema del transporte individual en Colombia requiere soluciones que vayan más allá de las sanciones.
La firma considera necesario estudiar las condiciones de competencia, los costos de operación y las responsabilidades de quienes participan en el mercado.
Su planteamiento busca evitar que una modificación puntual termine generando nuevas dificultades para los conductores.
¿Qué propone la ley “Por allá sí voy”?
El proyecto de ley, identificado en la Cámara de Representantes con el número 430 de 2026, contiene 23 artículos orientados a regular los servicios de transporte intermediados por plataformas digitales y modernizar la operación de los taxis.
Entre las principales medidas propuestas se encuentran:
- Crear un registro nacional para identificar a las plataformas, conductores y vehículos vinculados al servicio.
- Establecer obligaciones de aseguramiento y responsabilidad civil para los conductores de plataformas.
- Modernizar las reglas de operación del servicio público individual de taxi.
- Plantear la eliminación progresiva del sistema de cupos para los vehículos de servicio público.
- Incorporar mecanismos de formalización y nuevas condiciones para la prestación del servicio.
La iniciativa pretende establecer un marco normativo que permita regular una actividad que actualmente genera controversias entre conductores, empresas tecnológicas y autoridades.
Sin embargo, ninguna de estas medidas está vigente por el solo hecho de haberse radicado el proyecto. Para convertirse en ley, la propuesta deberá superar el trámite legislativo correspondiente.
¿Qué pasaría con Uber, DiDi y Cabify?
Uno de los objetivos de la iniciativa es crear reglas específicas para los servicios de movilidad solicitados mediante aplicaciones digitales.
Esto implicaría reconocer y regular la intermediación tecnológica de viajes realizados en vehículos particulares, bajo las condiciones que finalmente apruebe el Congreso.
Las plataformas tendrían nuevas responsabilidades relacionadas con la información de conductores, vehículos y usuarios.
También se contemplan medidas de seguridad y obligaciones de aseguramiento.
La propuesta busca ofrecer mayor claridad sobre la operación de estas aplicaciones, que actualmente son utilizadas por numerosos colombianos para movilizarse.
No obstante, el contenido del proyecto todavía puede modificarse durante los debates legislativos.
¿Los taxistas perderían el sistema de cupos?
Otro de los puntos que genera interés es la propuesta de desmontar progresivamente el sistema de cupos utilizado en el servicio público individual de taxi.
Este mecanismo ha sido parte de la regulación del sector y está relacionado con las condiciones para la vinculación y operación de vehículos.
La iniciativa plantea revisar ese modelo como parte de la modernización del servicio.
Sin embargo, cualquier modificación tendría implicaciones económicas para propietarios y conductores.
Por ello, los representantes del gremio consideran necesario estudiar cuidadosamente sus consecuencias antes de aprobar cambios definitivos.
La discusión deberá abordar las condiciones de transición y el impacto que podría tener la reforma sobre quienes ya participan en el sistema.
Más de 2.000 taxistas piden un debate técnico y económico
William Mejía, director de LET Consultores, señaló la necesidad de abrir un diálogo técnico y académico que permita identificar alternativas para fortalecer el transporte individual de pasajeros.
Entre los asuntos que propone estudiar se encuentran la profesionalización de los conductores, la relación entre oferta y demanda, las condiciones de operación y las responsabilidades de cada actor.
La firma considera que estos elementos son fundamentales para construir una regulación sostenible.
Su posición no se limita a cuestionar el proyecto, sino que plantea la necesidad de ampliar su alcance.
Los representantes de los taxistas sostienen que la discusión debería superar la confrontación histórica entre los conductores de aplicaciones y quienes prestan el servicio público tradicional.
¿Qué significa esta propuesta para los pasajeros?
Los cambios planteados también podrían afectar a quienes utilizan taxis y plataformas digitales para desplazarse diariamente.
Uno de los objetivos del proyecto es fortalecer las condiciones de seguridad y establecer responsabilidades claras para los prestadores del servicio.
La identificación de conductores y vehículos, así como las pólizas de responsabilidad civil, son algunos de los mecanismos propuestos para proteger a los usuarios.
La modernización del servicio de taxi también podría incorporar nuevas herramientas tecnológicas y condiciones de operación.
Sin embargo, todavía no es posible determinar cómo cambiarían las tarifas o los costos de los viajes.
Estos efectos dependerán del texto definitivo de la ley, de su eventual aprobación y de la reglamentación posterior.
¿Cómo podría impactar esta ley a Cartagena?
La discusión nacional también resulta relevante para ciudades como Cartagena, donde los taxis tradicionales y las aplicaciones digitales forman parte de las opciones de movilidad de residentes y visitantes.
En una ciudad con una importante actividad turística, la disponibilidad de transporte, la transparencia en las tarifas y la seguridad de los pasajeros son asuntos de interés público.
Una eventual reforma podría modificar las condiciones de operación de los servicios de transporte intermediados por aplicaciones y de los taxis.
No obstante, todavía es prematuro establecer efectos concretos para Cartagena, debido a que la iniciativa apenas comenzó su trámite en el Congreso.
Las autoridades locales, los conductores y los usuarios deberán estar atentos al desarrollo de los debates.
¿Quiénes presentaron el proyecto de ley?
La iniciativa cuenta con la participación de congresistas de diferentes sectores políticos.
Entre sus autores se encuentran Catherine Juvinao, Daniel Briceño, Jaime Arizabaleta, María del Mar Pizarro, Mauricio Toro, Santiago Castro y Simón Molina, junto con la senadora María Lucía Villalba.
La participación de representantes de distintas colectividades refleja el interés de avanzar en una regulación nacional para las plataformas de movilidad y el servicio de taxi.
Sin embargo, el respaldo inicial no garantiza la aprobación de la propuesta.
El proyecto deberá ser discutido en el Congreso y podría recibir modificaciones durante su trámite.
¿Qué sigue para la ley “Por allá sí voy”?
Tras su radicación el 13 de octubre, el proyecto deberá continuar el procedimiento legislativo previsto para las leyes ordinarias.
Durante los debates podrán presentarse observaciones, modificaciones y propuestas de los diferentes sectores involucrados.
La carta de LET Consultores constituye una de las primeras reacciones formales de representantes de taxistas frente a la iniciativa.
El llamado de la firma es a construir una regulación que considere tanto las condiciones de competencia como la protección de los pasajeros y la dignificación del trabajo de los conductores.
La discusión también deberá determinar cómo armonizar las nuevas formas de movilidad con las obligaciones que actualmente cumplen los prestadores del servicio público.
Por ahora, la ley “Por allá sí voy” es apenas una propuesta. Su futuro dependerá de los debates en el Congreso y de la capacidad de construir acuerdos entre taxistas, plataformas, conductores y autoridades.
