En Cartagena, la polémica en torno al cobro de valorización por las obras de la vía al mar ha generado una fuerte oposición. Diversos sectores, tanto públicos como privados, han expresado su desacuerdo con esta medida impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, argumentando que afectaría gravemente a las comunidades de barrios populares como Torices, Canapote y Daniel Lemaitre.
Juan Camilo Oliveros, presidente del Consejo Gremial de Bolívar, hizo un llamado a detener este cobro durante una entrevista con Caracol Radio. Según Oliveros, la implementación de este recaudo sería injusta e ilegal, y podría obligar a los residentes de Cartagena, Barranquilla y otros municipios a tomar acciones legales contra la administración.
Oliveros también cuestionó la legalidad del cobro retroactivo, pues la normativa que permitiría esta acción fue aprobada en 2022, mientras que, según informes del Invías, las obras concluyeron en 2021. Estas inconsistencias jurídicas, según el dirigente gremial, deben ser aclaradas para evitar que los hogares cartageneros se vean afectados de manera injusta por un proyecto ya finalizado.
