El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, afirmó que el ajuste al presupuesto de la Contraloría Distrital para 2025 responde a hallazgos realizados por la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Hacienda, y aseguró que el control fiscal en la ciudad no está en riesgo. “El control fiscal en Cartagena no está en riesgo, y aumentar o disminuir presupuestos de forma caprichosa iría en contravía de nuestra visión de gobierno. Este ajuste se hizo cumpliendo con nuestra obligación hacia el máximo órgano rector fiscal: la Contraloría General de la República”, señaló el mandatario. Además, Turbay negó que esta medida tenga la intención de debilitar a los entes de control, subrayando: “Aquí no hay prepotencia alguna ni artimañas para debilitar a los entes que bien hacen en controlarnos, investigarnos y auditarnos para que el gobierno se optimice y las soluciones a las comunidades lleguen sin dilaciones o sobrecostos. Acatamos los hallazgos de anteriores administraciones y la orden del Plan de Mejoramiento que nos obligó a modificar el presupuesto para cumplir con la norma”. El proyecto de presupuesto 2025, presentado por la Alcaldía al Concejo Distrital, incluye una reducción en los recursos asignados a la Contraloría Distrital, pasando de 11 mil millones a 8 mil millones de pesos. Este recorte ha generado preocupación entre los funcionarios de la entidad, quienes protestaron durante la clausura del tercer periodo de sesiones del Concejo. Desde la Contraloría Distrital afirman que la medida podría limitar su operatividad y afectar a más de 90 empleados directos, además de contratistas. Sin embargo, la Alcaldía sostiene que la modificación es un ajuste necesario tras identificar irregularidades en la asignación presupuestal en años anteriores. Según un informe de la CGR, la Contraloría Distrital superó el límite de gasto permitido por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1416 de 2010 en los últimos tres años. Este exceso fue atribuido a errores de cálculo que datan de 2010 y que provocaron un aumento desproporcionado en los presupuestos de años posteriores. El alcalde destacó que el ajuste no busca debilitar a la Contraloría, sino garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. “Acatamos los hallazgos de anteriores administraciones y cumplimos con la orden del Plan de Mejoramiento para optimizar los procesos del Distrito”, expresó.

Con el propósito de consolidar un espacio de diálogo, seguimiento y articulación, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Cámara de Comercio de Cartagena desarrollaron el primer comité de acompañamiento del proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. En este encuentro se abordaron los avances, alcances y beneficios de una obra estratégica para la ciudad, que responde al crecimiento sostenido de Cartagena en los ámbitos social, económico, cultural y empresarial. El aeropuerto, considerado un activo de alto valor para el turismo y la inversión, entrará en una fase de transformación integral bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), operado por la concesión Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S. (OINAC), con la supervisión de la ANI. Un proyecto en fases para una Cartagena más conectadaLa ANI presentó las fases y componentes del plan, que se ejecutará en un periodo aproximado de dos años, con el objetivo de entregar una terminal aérea moderna, eficiente y sostenible. Entre las intervenciones clave destacan: -Construcción de un nuevo edificio internacional, que duplicará la capacidad de atención de pasajeros internacionales.-Modernización de la vía de acceso y creación de nuevas plazas de estacionamiento, mejorando la conectividad y accesibilidad al aeropuerto.-Implementación de cinco puentes de abordaje, para agilizar el embarque y desembarque de pasajeros.-Ampliación y modernización de salas de espera, garantizando mayor confort.-Construcción de una calle de rodaje, optimizando la operación y circulación de aeronaves. Impacto económico y socialDurante su ejecución, la obra generará más de 400 empleos directos e indirectos, impulsando la economía local y fortaleciendo el tejido empresarial. La Cámara de Comercio de Cartagena destacó que este tipo de proyectos no solo mejoran la infraestructura, sino que también elevan la competitividad de Cartagena, abriendo nuevas oportunidades de negocio, inversión y conectividad internacional. Transparencia y participación ciudadanaANI y OINAC ratificaron su compromiso con una gestión transparente, desarrollando mesas de concertación y espacios de información que permitan a la ciudadanía conocer los avances y participar activamente en el proceso. Este primer comité de acompañamiento sienta las bases para un trabajo conjunto, donde la articulación entre el sector público, el sector privado y la comunidad garantizará que el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez esté a la altura de las aspiraciones de Cartagena como destino turístico, cultural y empresarial de talla mundial.

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) emitió la Resolución No. 0000188 de 2023 y, posteriormente, la Resolución No. 000085 de 2024, mediante las cuales modificó y complementó la licencia ambiental otorgada a la Sociedad Fotovoltaico Yarumo S.A.S. para el desarrollo del proyecto «Parque Fotovoltaico Baranoa I 19,9 MW y línea de tensión de 110 kV» en el municipio de Baranoa, Atlántico. La Resolución 0000188 de 2023 modificó varios aspectos relevantes de la licencia original. En primer lugar, suprimió la prohibición que impedía realizar actividades de aprovechamiento forestal y remoción de coberturas vegetales, aunque mantuvo restricciones para algunas intervenciones de infraestructura sobre cuerpos de agua, como la ocupación de cauces en zonas específicas. Adicionalmente, autorizó el aprovechamiento forestal que implicaba la tala de 1.722 árboles, con un volumen total de 491,3 metros cúbicos, pertenecientes a diversas especies y coberturas de la tierra, en un área de 49,91 hectáreas. El acto administrativo también estableció condiciones estrictas para la ejecución de estas actividades, incluyendo la implementación de medidas de manejo ambiental, la prohibición de intervenir zonas no autorizadas y la obligación de ajustar el plan de compensación forestal en un plazo máximo de 90 días. Igualmente, fijó el pago por concepto de seguimiento ambiental en la suma de $13.222.464,58, así como las obligaciones de actualización anual conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la disposición adecuada de residuos generados. Posteriormente, mediante la Resolución 000085 de 2024, la C.R.A. autorizó un nuevo aprovechamiento forestal complementario para el mismo proyecto, consistente en la tala de 19 individuos arbóreos ubicados en la zona de servidumbre de la línea de transmisión eléctrica de 110 kV. Esta intervención corresponde a especies como guayacán, trupillo, dividivi, carito, matarratón, campano, entre otras, con un volumen total de 8,86 metros cúbicos. Esta nueva autorización también quedó sujeta a estrictos condicionamientos, entre ellos la implementación de medidas de manejo ambiental previamente a la tala, la disposición adecuada de residuos vegetales, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único, y la presentación de los respectivos informes de cumplimiento ambiental (ICA) ante la C.R.A. El aprovechamiento otorgado en 2024 estará vigente por el término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo. El valor por concepto de seguimiento ambiental correspondiente a esta nueva intervención se fijó en $1.319.510,52, con instrucciones específicas sobre los plazos y modalidades de pago. De esta manera, la C.R.A. continúa ejerciendo el control y seguimiento al desarrollo del proyecto fotovoltaico, garantizando que las actividades de aprovechamiento forestal y de infraestructura se realicen bajo parámetros técnicos y ambientales que mitiguen los impactos sobre el ecosistema local, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 📄 Descargue o consulte las resoluciones completas aquí: