Con el objetivo de promover la convivencia pacífica y fortalecer el tejido social en Cartagena, la Cámara de Comercio de Cartagena y la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) unieron esfuerzos para lanzar el Programa de Fortalecimiento en Negociación y Resolución Pacífica de Conflictos para Líderes Comunitarios. El evento de lanzamiento se llevó a cabo en el auditorio de la UTB, sede Manga, con la participación de más de 120 líderes sociales de la Localidad 3 y otros municipios de Bolívar. La iniciativa, desarrollada a través del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y el Consultorio Jurídico de la UTB, busca empoderar a miembros de juntas de acción comunal y organizaciones de base en herramientas clave de comunicación, negociación y mediación. Como parte del proceso, los participantes recibirán 60 horas de formación, asesoría jurídica gratuita y jornadas prácticas de mediación con casos reales. Este programa contempla tres fases: convocatoria comunitaria, formación especializada y entrega de un protocolo colectivo de negociación. Al finalizar, se espera consolidar una red de líderes mediadores que contribuyan a la construcción de paz, el diálogo social y el fortalecimiento de las relaciones entre comunidades y sector privado. Con esta alianza, la Cámara de Comercio y la UTB reafirman su compromiso con el desarrollo integral de los territorios. Más información: 321 524 1399 –. ✉ cac@cccartagena.org.co¡Seguimos Tejiendo Progreso en Bolívar!

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.