¿Quién se encuentra detrás de El Vacilón del Humor?

 

 

Se trata de Nafer Said Cogollo Lambertinez, un sanjuanero que trabajaba para en una empresa de transporte de valores y hace unos años decidió emprender y potenciar su marca.

 

«El mejor aporte qué hago (…) es regalar sonrisas que son gratis y llevan un componente intangible que es cambiar el estado de ánimo», puntualizó el influencer.

 

En entrevista para El Bolivarense, Nafer asegura que su trayectoria en el mundo de las redes inició de manera autodidacta, por su cuenta aprendió a manejarlas  y a entender sus políticas, asimismo, comenzó a crear contenido con un grupo de personas y en la actualidad ya logró posicionarse como un influerncer cartagenero.

 

  • Nafer, ¿cómo ayudas a la comunidad?

Nafer: De la misma necesidad de ver a una sociedad sumergida en estrés y muchas veces frustración en muchos ámbitos que se representan con ira, decepción entre otros componentes negativos que vivimos día tras día en el país, El mejor aporte qué hago como creador del VACILON DEL HUMOR, es regalar sonrisas que son gratis y llevan un componente intangible que es cambiar el estado de ánimo de muchas personas independientemente de lo que esté pasando o viviendo en el momento. Cabe resaltar que en mis contenidos todos los actores son personas de estratos vulnerables de la ciudad, esto con el fin de darles un aporte económico a quien en verdad lo necesita.

 

Se caracteriza por su alegría y liderazgo, y además se considera una persona muy responsable, tanto en su familia como en su núcleo laboral y trabaja porque su marca «Vacilondelhumor» llegue lejos, a donde nadie ha llegado.

 

En sus redes sociales lo encuentran como:

Instagram: Vacilondelhumor

Facebook: Vacilón del Humor

 

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Cuando la verdad se parte en dos y cada orilla reclama su victoria

El próximo 28 de julio Colombia vivirá un momento sin precedentes: se conocerá el veredicto en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigos y fraude procesal. Independientemente de si resulta absuelto o condenado, será un acontecimiento histórico. Ningún exmandatario colombiano reciente había llegado a esta instancia; de hecho, la última vez que un tribunal decidió la suerte de un exgobernante fue en 1959 (el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla). Desde entonces, ningún presidente colombiano ha sido condenado o encarcelado, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por eso, el fallo contra Uribe marca un hito para la justicia colombiana y una prueba de fuego para sus instituciones democráticas. El origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Cepeda había acusado a Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo, pero en un giro inesperado la Corte Suprema no sólo archivó la causa contra Cepeda, sino que abrió investigación contra el propio Uribe por los mismos hechos. La acusación central: que emisarios de Uribe habrían intentado sobornar a exparamilitares encarcelados para que retractaran testimonios sobre los presuntos nexos de Uribe con grupos armados ilegales. En particular, el testigo Juan Guillermo Monsalve, exmiembro de las AUC e hijo del mayordomo de una hacienda de la familia Uribe, asegura que en esa finca (Guacharacas) se fundó en los 90 el Bloque Metro paramilitar. Según la fiscalía, el abogado de Uribe –Diego Cadena– habrían ofrecido pagos o beneficios a Monsalve para firmar una carta de retractación. De hecho, Cadena admitió haber entregado dinero a otro exparamilitar (Carlos Enrique Vélez), aunque lo calificó de “ayuda humanitaria” y niega que fuera un soborno. La defensa sostiene que Uribe nunca ordenó esos acercamientos y que fue “víctima de un entrampamiento” orquestado por Cepeda. Sin embargo, las pruebas recopiladas incluyen interceptaciones telefónicas y mensajes que muestran al abogado Cadena informando a Uribe de sus gestiones con los testigos. La propia Corte Suprema halló evidencias (chats, grabaciones) de conversaciones sobre pagos a cambio de favores testimoniales. Uribe lo niega rotundamente y ha insistido en que el proceso tiene motivaciones políticas. El caso avanzó lentamente durante años. En agosto de 2020, la Corte Suprema sorprendió al ordenar la detención domiciliaria de Uribe (por 67 días) mientras era indagado. Uribe renunció entonces a su escaño de senador, maniobra que trasladó el expediente a la justicia ordinaria y le permitió recuperar la libertad. Sus abogados solicitaron dos veces archivar el caso cuando la Fiscalía, bajo un fiscal allegado al gobierno anterior, opinó que no había mérito para acusar. No obstante, jueces de primera instancia y el Tribunal de Bogotá negaron esas pretensiones, y finalmente en 2024 una fiscal elevó acusación formal, dando inicio al juicio. El próximo lunes, tras más de 13 años de litigio, decenas de testimonios (37 de la acusación y 70 de la defensa) y múltiples dilaciones, la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitirá la decisión. Sea cual sea el sentido del fallo, el impacto será profundo y duradero. Un veredicto condenatorio convertiría a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Sería visto por muchos como un triunfo institucional frente a la impunidad histórica que ha rodeado casos de violaciones de derechos humanos y alianzas con paramilitares durante el conflicto armado de nuestro país. En cambio, una absolución significaría que no se alcanzó el umbral de prueba para condenar, pero difícilmente pondrá fin a la polarización: la izquierda denunciaría impunidad y renovaría llamados a reformar a fondo la justicia, mientras la derecha celebraría reivindicación y acusaría al proceso de haber sido una persecución infundada. En un país tan dividido, ambas orillas podrían usar el desenlace para atacar al poder judicial: ya sea acusándolo de politizado si es culpable, o de ineficaz si es inocente.

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Petro sugiere cambiar las finanzas mundiales en la conferencia internacional realizada en Colombia  

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¡Pilas! Habrán cierres temporales en el Centro Histórico por producción audiovisual

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Canal del Dique: retrasado el proceso para su Licencia Ambiental y Restauración

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