Ministerio investiga fallas en el suministro de ACPM hacia Tumaco
El Ministerio de Minas y Energía anunció la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio contra Ecopetrol por un presunto incumplimiento del plan de abastecimiento de diésel en el departamento de Nariño.
Según la entidad, la petrolera habría vulnerado lo establecido en la Resolución 01853 de 2024, que regula el suministro de combustible en esa región, así como las resoluciones 00148 y 00208 de 2026, relacionadas con el transporte marítimo de ACPM desde la Refinería de Cartagena hacia el puerto de Tumaco.
El ministerio advirtió que esta situación genera un riesgo de desabastecimiento que podría afectar gravemente a los sectores del transporte y la industria en el sur del país. Por ello, el caso será objeto de investigación por parte de las autoridades administrativas y disciplinarias.
Posibles sanciones
La cartera de Minas recordó que la distribución de combustibles líquidos es un servicio público esencial que debe prestarse conforme a los reglamentos del Gobierno nacional. En ese sentido, señaló que está facultada para imponer sanciones a los agentes de la cadena de distribución que incumplan dichas normas.
En una comunicación enviada al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el ministerio precisó que las sanciones pueden ir desde amonestaciones y multas, hasta la suspensión del servicio o la cancelación de la autorización para operar.
Asimismo, reiteró que el abastecimiento de la planta ubicada en la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco, Pacific Port S.A., debe realizarse mediante buquetanques desde puertos del Caribe colombiano, como Cartagena, Bolívar, Atlántico o Magdalena.
Antecedentes judiciales del presidente de Ecopetrol
Este anuncio se produce en medio de los procesos judiciales que enfrenta el directivo. El pasado 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos en dos investigaciones distintas: una por presunta violación de topes electorales durante su gestión como gerente de campaña del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales de 2022, y otra por un caso de tráfico de influencias relacionado con un contrato de la compañía.
Además, el Consejo Nacional Electoral sancionó en noviembre de 2025 a la campaña presidencial de Gustavo Petro por superar los límites de financiación en más de 3.500 millones de pesos y recibir aportes ilegales. Por este caso también fueron multados Roa y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
