La Sección Tercera del Consejo de Estado ha desestimado la apelación presentada por la Concesión Vial de Cartagena, que buscaba anular el laudo arbitral emitido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena.  El laudo arbitral abordó un conflicto relacionado con el contrato de los peajes internos de Cartagena, centrándose en la interpretación de la fórmula para recuperar la inversión efectuada en el Corredor de Carga. Aunque el Tribunal accedió parcialmente a las demandas de la Concesión, determinó que ciertos cambios contractuales no podían ser revisados debido al tiempo transcurrido. La Concesión Vial alegó que el tribunal no había actuado correctamente en su decisión, pero el Consejo de Estado concluyó que la apelación no cuestionaba los fundamentos legales, sino las interpretaciones realizadas por los árbitros. Además, el Consejo de Estado impuso una sanción económica de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a la Concesión Vial de Cartagena.

La Alcaldía Mayor de Cartagena revocó la adjudicación del contrato para la construcción del sistema de alcantarillado en Bayunca y Pontezuela, tras detectarse irregularidades en los documentos presentados por el Consorcio Alcantarillado Rural, inicialmente seleccionado para ejecutar el proyecto. La decisión, oficializada mediante la Resolución No. 4041 del 29 de abril de 2025, fue tomada luego de comprobar que las certificaciones de experiencia presentadas por el adjudicatario contenían información engañosa. Según la Oficina Jurídica del Distrito, esto constituye una violación a los requisitos técnicos exigidos en el proceso licitatorio LP-SEGD-001-2025. La alerta fue activada el pasado 22 de abril, cuando uno de los oferentes notificó sobre posibles inconsistencias. En cumplimiento del debido proceso, la Alcaldía trasladó la solicitud al consorcio señalado, que respondió el 26 de abril. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, se concluyó que la documentación tenía elementos falsos, lo que permitió revocar legalmente el acto de adjudicación antes de la firma del contrato, según lo establecido en la Ley 1150 de 2007. La Alcaldía anunció que se abrirá un nuevo proceso de selección para continuar con este proyecto clave para las comunidades de Bayunca y Pontezuela, reiterando su compromiso con la transparencia y la legalidad en la contratación pública.