La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ha anunciado su vigilancia constante sobre la investigación que adelanta la Cancillería colombiana respecto al presunto caso de agresión contra su esposa Adelina Guerrero en el que estaría involucrado el embajador ante la FAO, Armando Benedetti Villaneda. Cabello Blanco declaró a los medios que, aunque respeta el proceso que lleva a cabo la oficina de control disciplinario interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, evaluará el avance del caso para decidir si intervendrá en el traslado de pruebas mediante poder preferente. La Cancillería ha convocado al embajador Benedetti a presentarse en un procedimiento disciplinario, considerando su residencia en Roma, sede de la FAO. El embajador Benedetti, quien ha negado las acusaciones, se encuentra actualmente en proceso de divorcio y ha optado por mantener un perfil bajo por respeto a sus hijos. La investigación continúa mientras se espera el desarrollo de los procedimientos legales correspondientes.

Tras la una petición hecha por el montañista cartagenero, Eduardo Mongua vía X (anteriormente Twitter) al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay y al gobernador de Bolívar, Yamil Arana, de poder tener un centro de alto rendimiento donde los deportistas bolivarenses puedan entrenarse para mejorar sus rendimientos y poder así traer más glorias al departamento se anunció la construcción del Centro de Alto Rendimiento del Caribe. “Lo tenemos contemplado, estimado Eduardo. Construiremos el Centro de Alto Rendimiento del Caribe en las 15 hectáreas donde queda la Unidad deportiva Rocky Valdez, será un aporte a la infraestructura deportiva del país (…) allí se prepararán los deportistas cartageneros”, señaló Yamil Arana, gobernador de Bolívar.  Además, Arana, abrió el espectro revelando cómo estará integrado este sitio que potenciará el deporte en Bolívar. “habrá laboratorio de Fisiología, Centros de Fuerza, entre otras áreas, concentrando, además, más de 20 disciplinas”, continuó diciendo.  La obra está contemplada por la Gobernación de Bolívar desde marzo del 2024. Los que se conoce es que es complejo, estará integrado por piscinas olímpicas, centros de fuerza, habitaciones.

El pasado 2 de noviembre, se llevó a cabo la demolición de la torre Aquarela, ubicada cerca del Castillo San Felipe, esta decisión fue tomada por el Distrito ante el riesgo que el proyecto representaba para el estatus de la ciudad como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco hace 40 años. Sin embargo, tras el derrumbe, la incertidumbre persiste para los compradores de los apartamentos de Aquarela, quienes invirtieron sus recursos en lo que prometía ser su hogar, y ahora, esperan que el Distrito de Cartagena les ofrezca una solución clara sobre cómo y cuándo recibirán una compensación por la pérdida de su inversión. Ante esto, el agente interventor del proyecto, Ángel Rodríguez Sánchez, dio a conocer los pasos a seguir para atender a las víctimas, según explicó, el proceso iniciará con un levantamiento topográfico que permitirá identificar y demarcar los lotes que están a nombre de la promotora del proyecto. “Vamos a hacer el levantamiento topográfico para poder demarcar hasta dónde está cada uno de los lotes que está a nombre de la promotora, para ver si eso ya se puede enajenar. Pero, los que están a nombre de la fiducia o el encargo fiduciario Aquarela, tocará liquidar el patrimonio autónomo que en este caso es Aquarela y, en ese orden de ideas, que la fiducia le dé lo que le corresponde a la constructora y así poder enajenarlo para comenzar la reparación de víctimas”, indicó Rodríguez Sánchez. El objetivo de este proceso es que, una vez se identifiquen y enajenen los bienes, los recursos obtenidos se destinen a la compensación económica de los afectados. Sin embargo, el proceso podría extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad de la liquidación del patrimonio autónomo y de la disponibilidad de los recursos. Las víctimas del proyecto han exigido transparencia y celeridad en el proceso de reparación, dado que muchos de ellos han visto comprometidos sus ahorros de toda la vida, mientras tanto, las autoridades locales estan al pendiente de garantizar que los derechos de los afectados sean protegidos y que se realice una distribución justa de los recursos.