El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado realizó la petición de medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que preserven y protejan 16 lugares donde se encontrarían personas inhumadas dadas por desaparecidas.

Señala la petición que esto se debe porque, “además del riesgo de eliminación de cualquier indicio o prueba que pueden realizar presuntos vinculados a procesos de investigación y juzgamiento, como agentes del Estado e integrantes de los grupos armados ilegales, se enfrenta la priorización de grandes proyectos minero-energéticos, obras de infraestructura o alteración de cementerios en gran parte del territorio nacional, procesos que podrían dificultar su búsqueda o posible exhumación y terminar nuevamente desapareciendo a las personas desaparecidas”.

Los departamentos donde más se registran estos casos son en  los departamentos de Caldas, Cesar, Santander y Antioquia, en este último se registran 12.274 casos de desparecidos, donde se ha pedido la protección de la Comuna 13, Betulia y Puerto Berrío. Con respecto al caso de Hidroituango se registran más de 600 casos de víctimas afectadas por la obra.

“En la Comuna 13, se ha solicitado el cierre inmediato de los sitios denominados como La Escombrera y la Arenera, destinado como botadero de materiales inertes y donde se presume que fueron llevadas víctimas de desaparición forzada. Esta petición que no ha sido escuchada por las autoridades encargadas, fue respaldada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en 2013”, describe la petición.

En Caldas, la petición señala que hay 27 cementerios que cuentan con un total de 1.485 personas inhumadas y que en el Eje Cafetero hay registradas 105.457 víctimas. En el Magdalena medio las medidas son para lugares como Aguachica, Cesar donde se quiere construir una edificación.

La principal inquietud del Movice son los ríos del municipio de Samaná: Río Manso, Río Hondo, Río San Antonio y Río Moro, que fueron los referidos por los testimonios de las víctimas.

“También se busca la medida en San Vicente de Chucuri, Lebrija y Cimitarra,  Santander, a partir de las denuncias de las víctimas y las declaraciones de paramilitares del Bloque Central Bolívar que confesaron en las audiencias de Justicia y Paz sobre fosas comunes. A pesar de que en 1989 fue hallada una fosa común con los restos de más de 50 personas, la mayoría de estas aún no han sido identificadas ni entregadas a sus familiares”, dicen.

El documento que se le entregará a la JEP afirma que en estas zonas no se habrían llevado a cabo las acciones pertinentes por las autoridades, para encontrar los desaparecidos. También, señala que es importante la protección ya que no se tiene certeza de cuantas víctimas de desaparición forzada ni dada por desaparecidas hay en Colombia. “Los datos varían de entre 27.196 y 86.000 según informes de diversas instituciones estatales, organizaciones de derechos humanos y de familiares”, señala la petición.

// Andrea Chamorro