Formar a los estudiantes en conciencia ambiental, reciclaje y protección del medioambiente, para fortalecer el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES), es la meta de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, que en alianza con la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), logró capacitar a 440 estudiantes y recibir una donación de árboles que serán sembrados por la comunidad educativa. “Estamos recibiendo de Carsucre 500 árboles, de los cuales 300 son maderables y 200 frutales, que servirán de apoyo al proyecto ambiental escolar, porque serán sembrados en un terreno de 2500 metros cuadrados que tiene la institución. También hemos recibido unos talleres para generar conciencia ambiental en 440 estudiantes nuestros, quienes el día de hoy recibieron su certificación”, informó Alberto Iriarte Pupo, rector de la institución.   Agradecido con el acompañamiento de Julio Álvarez Montes, director de Carsucre, el rector expresó que la donación y la cualificación de los estudiantes constituye un gran respaldo a la huerta escolar y al proyecto de compostaje, a través del cual la institución busca el aprovechamiento de desechos generados por el PAE, para transformarlos en abono; de este modo se invierte en la promoción de una cultura ambiental que vincula a toda la comunidad educativa.

‘Construimos a la Par’ es un programa que ayudó a promover la formación de más 232 mujeres de Cartagena y sus corregimientos en 2023 a través de la capacitación de oficios de construcción y empleabilidad para impulsar la economía y el empoderamiento. Este grupo de mujeres recibió el título de Maestras de Obra por medio del programa ‘Generando Equidad’ de Camacol Bolívar, USAID y distintos aliados estratégicos. En esta línea, se espera que para 2024 este proyecto alcance a 160 mujeres más en distintas zonas de la Cartagena y sus corregimientos, de las cuales se espera que 60 de ellas se vinculen laboralmente y asesoren a 4 empresas en políticas de cambio de comportamiento. “El sector de la construcción aporta el 8.5% del total de los empleos de Cartagena y el 7.9% del PIB de Bolívar, pero solo el 8% de esos empleados son mujeres. Nuestro propósito es aportar a la disminución de esa brecha laboral. Para este año esperamos que este grupo de mujeres se sumen a esta gran oportunidad de ser maestras de obra, ahora pioneras en el oficio y a través de su ejemplo de vida y experiencias», expresó Irvin Pérez, gerente regional de Camacol. Este programa cuenta con aliados como Fundación Serena del Mar, Fundación Santo Domingo y Fundación Grupo Social, quienes lideran el programa en sus áreas de influencia en el Megabarrio Bicentenario, Arroz Barato, Policarpa, Puerta de Hierro, la Comuna 6 y en los corregimientos Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Villa Gloria. Por otra parte, este programa busca realizar una intervención integral en todas las comunidades y familias para ayudar a las mujeres participantes a superar obstáculos y estigmas de género en su entorno social y laboral. Este programa cuenta con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, que por medio de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social impulsa la capacitación de temas basados en la violencia de género y la empleabilidad de las beneficiarias por medio de proyectos de mejoramiento de vivienda.

El reconocido restaurante Café del Mar fue desalojado el pasado 2 de septiembre en el Baluarte de Santo Domingo por incumplir el contrato. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, restituyó parte del espacio público ocupado por el establecimiento. Esta sentencia exigió la liquidación del contrato de arrendamiento que la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) mantenía con el establecimiento, debido a que se consideró que vulneraba los derechos colectivos al uso del espacio público y al respeto por el patrimonio cultural. La misma que, determinó que los derechos al disfrute del espacio público estaban siendo violados y que el canon de arrendamiento pagado por Café del Mar estaba muy por debajo del valor real. Se estimaba que este debía ser alrededor de $150 millones mensuales, dada la ubicación privilegiada del baluarte.  A estas, Café del mar realizó un último intento, interpuso un recurso de reposición contra esta decisión, argumentando “una evidente falta de soporte jurídico y afirmaciones netamente subjetivas y carentes de sustento jurídico”, por lo que el Tribunal no tenía la competencia para ordenar el desalojo, ya que esta acción debía ser tomada por el Consejo de Estado, que la Alta Corte solo había dispuesto la liquidación del contrato. No obstante, el magistrado Villalobos respondió el 18 de octubre, afirmando que el desalojo era una consecuencia directa de la terminación del contrato de arrendamiento; y constituye además la finalidad de la orden judicial.