El presidente Gustavo Petro se pronunció este viernes luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto con el que el Gobierno aumentó en 23,7 % el salario mínimo para 2026 y ordenara expedir uno nuevo en un plazo máximo de ocho días.

A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que respetará la decisión judicial, pero actuará conforme a la Constitución. Según explicó, el decreto original se fundamentó en criterios económicos y constitucionales, por lo que el nuevo decreto transitorio seguirá esas mismas directrices mientras se resuelve de fondo el proceso.

El alto tribunal señaló que el nuevo acto administrativo deberá fijar nuevamente el porcentaje de incremento y su valor total, teniendo en cuenta variables como la meta de inflación establecida por la Banco de la República, la productividad certificada, la inflación real del año anterior y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). También recordó principios como la protección del trabajo, la función social de la empresa y la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil.

Petro anunció que, por respeto al fallo, el ministro de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación y que solicitará la participación de movimientos sociales para analizar el nuevo decreto. Según el jefe de Estado, las últimas mediciones económicas muestran que el impacto del salario mínimo sobre el alza de precios es marginal en algunos alimentos, mientras que la tasa de interés sí ha influido en el empleo y en el déficit fiscal.

El mandatario advirtió que una reducción en la capacidad de compra de los trabajadores podría afectar la economía y agravar problemas como el hambre y la desnutrición infantil. Además, sostuvo que suspender el decreto pone en riesgo el mandato constitucional de no deteriorar el poder adquisitivo del salario.

El salario mínimo para 2026 fue fijado en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, y beneficiaría a cerca de 2,3 millones de trabajadores. En Colombia, el incremento suele definirse mediante negociación entre empresarios, sindicatos y Gobierno; sin embargo, al no lograrse acuerdo en diciembre, el Ejecutivo lo estableció por decreto.

El Consejo de Estado aclaró que los efectos de la suspensión solo se aplicarán una vez se publique el nuevo decreto transitorio, por lo que el valor actual del salario mínimo seguirá vigente hasta entonces.

Desde el Gobierno también reaccionó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien consideró que la decisión afecta a los sectores más vulnerables y cuestionó la postura de las altas cortes. En la misma línea, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró en Noticias Caracol que el decreto se basó en estudios técnicos y en la necesidad de aproximarse al salario vital recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, por lo que calificó la decisión judicial como precipitada.