El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hizo una advertencia sobre el impacto que podría generar un aumento en los precios del gas y diésel en el país. Un caso que fue abordado por el ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, el cual en un evento en la Contraloría afirmó que el aumento del diésel sería inevitable, gracias a que no se realizaron los acuerdos con los transportadores. «Hay una inflación imaginaria que solo se puede resolver con el mundo real y el mundo real es que tendremos que ajustar el precio del diésel. Y será la próxima medida que tiene que tomar impopular este gobierno, y de paso estoy anunciando que hay que tomarla y que no va a haber acuerdo». Se dio a saber que esta propuesta del Gobierno Nacional es aplicar un aumento en el precio del diésel. Esta primera subida se haría en 2024, seguida en el 2025 con un nuevo ajuste que se vaya dando. El incremento sería de $6000, distribuidos en dos etapas en las que van de $3000 este año y otros $3000 el siguiente año, aunque falta que oficialmente se dé el decreto. Cabe aclarar que la tarifa de diésel actual ha permanecido sin ningún tipo de cambios durante un periodo de cuatro años, desde el momento que decidieron subsidiarlo en la pandemia que se presentó por el covid-19. Mientras que por ahora la vivida la situación inflacionaria que se enfrenta todo el país. Los encargados aseguran que esta medida de acción es inevitable.

En una medida preventiva y disciplinaria, el personero municipal de Turbaco, Iván Roca Álvarez, ordenó la suspensión provisional por tres meses del Inspector Cuarto de Policía, Alexander Polo Calle, por presuntas irregularidades en la expedición de amparos policivos relacionados con bienes inmuebles. La Personería identificó posibles conductas disciplinarias como omisiones en el ejercicio de funciones, incumplimiento de deberes, extralimitación de competencias y favorecimiento indebido de intereses particulares. Estas acciones contravienen los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia que deben regir la función pública. El proceso disciplinario se abrió formalmente el pasado 15 de julio. La suspensión busca garantizar el desarrollo independiente de la investigación y prevenir cualquier intento de obstrucción o interferencia. El inspector Polo Calle fue notificado y tendrá la oportunidad de presentar sus descargos durante la etapa procesal. El Ministerio Público continuará con la recolección de pruebas durante el período de suspensión, al cabo del cual se determinarán las responsabilidades a que haya lugar. Este caso subraya la necesidad de que los servidores públicos actúen conforme a la ley, especialmente en decisiones que afectan el uso y posesión de bienes inmuebles, y refuerza el control institucional sobre el uso legítimo de los amparos policivos.