A través del Grupo de Protección de Turismo y Patrimonio Nacional, la Policía Nacional da con la captura de un ciudadano de Canadá por presunto secuestro y tortura de menor de edad indígena de la comunidad Wayuu. El extranjero identificado con el nombre de Andy Asselin, de 29 años de edad, pretendía huir de Cartagena en un bus intermunicipal al ser solicitado por la INTERPOL por el país de Colombia por el delito de secuestro simple agravado. El proceso que fue adelantado por la Unidad Básica de la Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía 10 especializada de la ciudad de Santa Marta. El hecho tuvo lugar el pasado 26 de abril del 2024, donde una menor Wayuu de 13 años, habría sido torturada y secuestrada por dos personas, entre ellas Asselin, por, presuntamente, haber tomado elementos del hostal en la que él es dueño.  Una vez recolectada la evidencia física, se permitió determinar que la menor fue llevada a la fuerza a una de las habitaciones del lugar, donde fue amarrada de pies y manos y sometida a actos degradantes. Por tal motivo, el canadiense fue puesto a disposición de la Fiscalía General de La Nación, conforme a lo establecido por la ley, donde un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento.

Las empresas de servicios públicos de Cartagena han declarado la guerra a las conexiones ilegales. Agua de Cartagena, Afinia y Surtigas, en alianza con la Policía y la Fiscalía, han puesto en marcha una campaña para frenar el fraude en el uso de agua, energía eléctrica y gas, delitos que pueden llevar a prisión a quienes los cometan. La iniciativa busca identificar, denunciar y judicializar a todas las personas que incurran en estas prácticas ilegales, las cuales están tipificadas en la ley y pueden acarrear sanciones penales severas, incluyendo cárcel. Según datos de las empresas prestadoras del servicio, en Cartagena existe un alto número de usuarios que se conectan de manera ilegal, afectando la calidad del servicio y generando pérdidas millonarias. Como parte de la estrategia las empresas han dispuesto canales de denuncia anónimos para que los ciudadanos informen sobre conexiones ilegales sin temor a represalias. Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades y podrían derivar en procesos judiciales contra los responsables. Recordemos que el código penal colombiano contempla penas de prisión para quienes cometan fraude en los servicios públicos, considerando estas acciones como delitos contra el patrimonio económico.