En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, una mujer fue asesinada la noche de este martes 29 de octubre en el barrio El Manantial del municipio de Soledad, Atlántico. Según testigos dijeron a la policía el crimen ocurrió en vía pública, en la calle 70 con la carrera 7D, a la altura de un conjunto residencial y momento en que la víctima se movilizaba a bordo de un motocarro. Lo que han logrado saber las autoridades es que esta mujer, que aún no ha sido identificada, se desplazaba en un motocarro por la dirección antes mencionada cuando fue abordada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Los sujetos tras interceptar el motocarro en plena vía pública obligaron a la mujer a bajarse del vehículo y una vez ella estuvo en tierra le dispararon en indiscriminadamente y luego se dieron a la huida por rumbo desconocido. La mujer llevaba un vestido y quedó tendida boca abajo en vía pública con varios disparos en la cabeza y el pecho. Los motivos y causas de este atentado criminal tampoco han sido revelados por las autoridades, los peritos que llegaron hacer la inspección general del lugar y también la inspección del cuerpo, tras tomar elementos que sirvieran de evidencia, remitieron el cuerpo hasta la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la ciudad de Barranquilla. Según las cifras oficiales de las autoridades, esta es la mujer número 63 que ha sido asesinada en el Departamento del Atlántico en lo que va del año 2024.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.