Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.

La Sala de Instrucción del Alto Tribunal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara, Miguel Polo Polo tras encontrar pruebas suficientes que responden a hostigamientos en contra de M-19 y el presidente de la República, Gustavo Petro. La corte, señaló a Polo Polo de promover actos orientados a causar daños a miembros del M-19  por razones discriminatorias de ideología política. El ente agregó a además que, el funcionario público, habría usado medios de comunicación para difundir mensajes instando a eliminar a Gustavo Petro y a personas pertenecientes a este grupo al margen de la ley. “Habría usado medios de comunicación para difundir mensajes instando a eliminar a estas personas”, señaló la Corte en este caso donde el ponente es el magistrado Francisco Farfán. Por su parte, Miguel Polo Polo, respondió a la Corte insinuando que “Si la pelea es por vía jurídica, pues la damos. Si la pelea es con plomo, pues ahí si el M-19 nos lleva una gran ventaja; ellos son expertos en terrorismo y desapariciones”. Además, calificó la medida de la Corte Suprema como “exagerada”. “Quienes sí instigaron a atacar a miembros de nuestra Fuerza Pública y a vandalizar comercios fueron los sectores de la izquierda durante el paro, y hoy están libres y gobernando”, concluyó Polo Polo.