La Procuraduría General de la Nación ha expresado su preocupación ante la exigencia de una licencia ambiental para el proyecto de restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique.
Según el ente de control, esta exigencia podría poner en riesgo a las comunidades ribereñas, exponiéndolas a riesgos de inundación mientras se tramita dicha licencia. Además, señala que las normas ambientales son de orden público y no pueden ser objeto de transacción, subrayando que el principio de prevención no implica facultad para establecer caso a caso los proyectos que requieren de licencia ambiental.
La Procuraduría también resalta que la revocación parcial de la resolución que exigía la licencia ambiental podría estar revocando un acto de revocatoria previo. Por último, solicita a la autoridad ambiental a ejercer su labor de seguimiento y control para imponer medidas adecuadas que garanticen el manejo ambiental del proyecto y sus efectos.
