El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, denunció el secuestro del productor ganadero Luis Hernando Peña Rodríguez en el municipio de Pailitas, departamento del Cesar, hecho que atribuyó presuntamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este suceso se suma a otros casos recientes, como el secuestro de cinco ganaderos en zona rural de Puerto Rondón, Arauca, y el caso del productor Cristian Serrano, privado de la libertad en noviembre de 2024, quien fue liberado mediante un canje por su hermana. A través de sus redes sociales, Lafaurie informó que el vehículo del ganadero Peña fue hallado abandonado hacia las 2:00 p.m. y que las autoridades competentes ya adelantan las acciones correspondientes. Fedegán manifestó solidaridad con la familia del productor e hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades para que se garantice su regreso. En paralelo, el dirigente gremial se refirió a las recientes invasiones a predios ganaderos en distintos puntos del país. Según Lafaurie, detrás de estas acciones hay una estrategia organizada por grupos que se identifican como “recuperadores de la tierra”, y que cuentan con respaldo de algunas organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Coordinador Nacional Agrario (CNA). En su columna publicada en medios nacionales, el presidente de Fedegán identificó tres elementos comunes en estos procesos: el respaldo de ONG que agrupan comunidades rurales bajo la bandera de la recuperación de tierras; la presencia de agitadores que promueven discursos políticos entre los ocupantes; y el papel de las denominadas Guardias Campesinas, que actúan de manera organizada. Lafaurie también se refirió a la distribución de tierras en el país. Citó cifras del censo de 2018 para afirmar que los pueblos indígenas, que representan el 4,4 % de la población, son propietarios de 39 millones de hectáreas. Cuestionó que la ampliación de resguardos siga siendo una demanda activa y señaló que las comunidades indígenas cuentan con justicia especial y mecanismos de contratación directa con el Estado, habilitados desde gobiernos anteriores.

La Alcaldía Mayor de Cartagena revocó la adjudicación del contrato para la construcción del sistema de alcantarillado en Bayunca y Pontezuela, tras detectarse irregularidades en los documentos presentados por el Consorcio Alcantarillado Rural, inicialmente seleccionado para ejecutar el proyecto. La decisión, oficializada mediante la Resolución No. 4041 del 29 de abril de 2025, fue tomada luego de comprobar que las certificaciones de experiencia presentadas por el adjudicatario contenían información engañosa. Según la Oficina Jurídica del Distrito, esto constituye una violación a los requisitos técnicos exigidos en el proceso licitatorio LP-SEGD-001-2025. La alerta fue activada el pasado 22 de abril, cuando uno de los oferentes notificó sobre posibles inconsistencias. En cumplimiento del debido proceso, la Alcaldía trasladó la solicitud al consorcio señalado, que respondió el 26 de abril. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, se concluyó que la documentación tenía elementos falsos, lo que permitió revocar legalmente el acto de adjudicación antes de la firma del contrato, según lo establecido en la Ley 1150 de 2007. La Alcaldía anunció que se abrirá un nuevo proceso de selección para continuar con este proyecto clave para las comunidades de Bayunca y Pontezuela, reiterando su compromiso con la transparencia y la legalidad en la contratación pública.