Las empresas de servicios públicos de Cartagena han declarado la guerra a las conexiones ilegales. Agua de Cartagena, Afinia y Surtigas, en alianza con la Policía y la Fiscalía, han puesto en marcha una campaña para frenar el fraude en el uso de agua, energía eléctrica y gas, delitos que pueden llevar a prisión a quienes los cometan. La iniciativa busca identificar, denunciar y judicializar a todas las personas que incurran en estas prácticas ilegales, las cuales están tipificadas en la ley y pueden acarrear sanciones penales severas, incluyendo cárcel. Según datos de las empresas prestadoras del servicio, en Cartagena existe un alto número de usuarios que se conectan de manera ilegal, afectando la calidad del servicio y generando pérdidas millonarias. Como parte de la estrategia las empresas han dispuesto canales de denuncia anónimos para que los ciudadanos informen sobre conexiones ilegales sin temor a represalias. Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades y podrían derivar en procesos judiciales contra los responsables. Recordemos que el código penal colombiano contempla penas de prisión para quienes cometan fraude en los servicios públicos, considerando estas acciones como delitos contra el patrimonio económico.

La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate la reforma al sistema de salud impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Con 90 votos a favor y 28 en contra, la iniciativa avanza en su trámite legislativo. Este es el segundo de cuatro debates que debe superar en el Congreso para convertirse en ley. El proyecto, radicado en septiembre de 2023 por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido objeto de intensos debates. Ahora pasará a la Comisión Séptima del Senado, donde enfrentará un nuevo examen legislativo. Una versión anterior no logró avanzar en el Senado, pero esta nueva propuesta ha sorteado obstáculos clave en la Cámara. La reforma propone transformar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGSV), eliminando su rol de administradoras del riesgo financiero. Además, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (ADRES) asumiría el pago directo a clínicas y hospitales y la auditoría de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Desde abril de 2024, el ministro Jaramillo ha trabajado con seis EPS del régimen subsidiado para ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y abordar el pago de deudas pendientes. El futuro de la reforma depende ahora del Senado, donde el gobierno deberá sortear nuevos desafíos políticos para lograr su aprobación definitiva.