Reconocer, cuidar y preservar la sabiduría indígena es fundamental para conocer la historia, las realidades culturares e identitarias que conforman Colombia y para la construcción de un país en paz. En Colombia existen 115 pueblos indígenas, de los cuales 65 conservan sus idiomas propios. Son pueblos originarios que han sido afectados gravemente por el conflicto armado, y que resisten desde sus formas de vida, cosmovisiones y autodeterminación, aportando a la construcción de una sociedad colombiana diversa, brindándole una riqueza lingüística y cultural invaluable. Por lo que cada Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994 para dignificar las resistencias y permanencia de los pueblos, reconociendo la diversidad étnica, cultural, lingüística y espiritual. incorporando sus narrativas, reflexiones y análisis respecto a la relación histórica de la construcción del país, los pueblos indígenas de Colombia han sido defensores de la paz y el fin del conflicto armado. Han salvaguardado saberes y culturas milenarias que hoy aportan una visión sostenible de la vida y el territorio. Pese a la contribución de estos pueblos y a los espacios de diálogo y decisión del país que han ganado, la realidad en los territorios no ha cambiado sustancialmente. Hoy el conflicto armado persiste en varios territorios indígenas, estos siguen siendo lugares de disputa y constantes violaciones a los derechos de los pueblos. Por esa razón es importante reconocer, cuidar y preservar la vida y la sabiduría indígena porque es fundamental para la construcción de paz y la memoria histórica de nuestro país.

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el riesgo de una posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Esta situación podría acarrear graves consecuencias económicas y ambientales para la región y el país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que finalizar anticipadamente este contrato implicaría un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan logrado avances significativos en la restauración ambiental prevista. Hasta el momento, solo se han realizado obras menores de mejoramiento vial y algunos dragados de mantenimiento en el canal. Además, la terminación del contrato dejaría sin solución problemas ambientales que afectan a aproximadamente 1,5 millones de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Estos problemas incluyen bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en temporadas de sequía y excesiva sedimentación La Contraloría también advirtió que nuevos requisitos, como la exigencia de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la implementación de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el canal y la realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, podrían retrasar aún más el proyecto. Ante este panorama, el contralor instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a gestionar adecuadamente estos riesgos para evitar la terminación anticipada del contrato y proteger los intereses públicos y ambientales de la región. La restauración del Canal del Dique es considerada un proyecto de importancia estratégica para la nación, con una inversión estimada de $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y preservar ecosistemas clave en la región Caribe.