Autopistas del Caribe aclara puntos clave ante desinformación sobre el proyecto y su impacto en Bolívar y Atlántico

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Ante los recientes eventos relacionados con el proyecto de infraestructura y las protestas promovidas por grupos opositores, Autopistas del Caribe ha emitido un comunicado oficial aclarando varios puntos cruciales sobre la legalidad, el impacto social y económico, y las acciones que se están tomando en el proceso de desarrollo. A continuación, se detallan los puntos más relevantes:

  1. Legalidad del Proyecto: Autopistas del Caribe subraya que las estaciones de peaje, incluidas las de Sabanagrande y Turbaco, son completamente legales y están respaldadas por el contrato de concesión 002 de 2021, firmado con el Estado colombiano, y la Resolución 20213040028355 del 7 de julio de 2021 del Ministerio de Transporte. A pesar de los intentos de ciertos grupos de desinformar y cuestionar su validez, no se ha encontrado evidencia de irregularidades. El proyecto está alineado con la normativa colombiana y responde a una necesidad urgente de mejorar la conectividad entre las principales ciudades de la región Caribe.
  2. Tarifas Diferenciales: En cuanto a las tarifas de peaje, el peaje de Sabanagrande cuenta con una tarifa diferencial que beneficia a más de 10.851 personas de las comunidades cercanas. Esto significa que los habitantes de las zonas vecinas pagan una tarifa reducida, buscando fomentar el bienestar de las comunidades locales. En el caso del peaje de Turbaco, el Gobierno Nacional había propuesto una tarifa diferencial de $1.500 para vehículos de Categoría I y $2.000 para vehículos de Categoría II. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el Comité No Más Peaje sin consultar a los verdaderos usuarios de la vía, lo que genera incertidumbre sobre la equidad en la aplicación de tarifas.
  3. Evasión de Peaje y Ocupación Ilegal: La evasión de peaje es una infracción regulada por la Ley 769 de 2022, que estipula sanciones severas, que incluyen multas equivalentes a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Además, Autopistas del Caribe denuncia las constantes tomas ilegales de las estaciones de peaje, como la de Sabanagrande desde el 6 de diciembre de 2024, donde grupos han intimidado y agredido al personal. Estas acciones no solo son un delito, sino que también afectan la operación y viabilidad del proyecto, lo que repercute en la región.
  4. Suspensión Temporal del Cierre Financiero: Actualmente, la ANI tiene reconocido un Evento Eximente de Responsabilidad (EER) que suspende temporalmente ciertas obligaciones del concesionario debido a factores externos como la falta de implementación del cobro en las categorías 1 y 2 de peaje en Turbaco y la construcción y puesta en operación de la estación de peaje en Arroyo de Piedra. Mientras estos obstáculos no se resuelvan, el concesionario no podrá cumplir con la obligación contractual de acreditar el cierre financiero. Es importante resaltar que el cierre financiero es esencial para la continuidad del proyecto y depende de la resolución de estas dificultades externas. Es de anotar que No es cierto que el próximo 21 de enero el concesionario deba acreditar el cierre financiero y mucho menos cierto que el contrato se deba liquidar.
  5. Diálogo y Desarrollo Regional: Autopistas del Caribe ha participado activamente en más de 20 jornadas de diálogo, con el objetivo de encontrar soluciones que eviten la liquidación del proyecto. Sin embargo, los líderes opositores siguen insistiendo en su liquidación, a pesar de que no han presentado soluciones viables. Esta postura representa un grave perjuicio para el desarrollo socioeconómico de Bolívar y Atlántico, dos departamentos claves para el crecimiento de la región Caribe. La falta de una infraestructura moderna afectaría la competitividad y el bienestar de miles de personas.
  6. Impacto de la Liquidación del Proyecto: La liquidación anticipada del contrato, promovida por algunos sectores políticos que buscan obtener beneficios en lugar de soluciones para la región, tendría consecuencias devastadoras. Además de la pérdida de miles de empleos directos e indirectos, la liquidación afectaría la inversión social y ambiental prevista para la región y resultaría en la pérdida de infraestructuras claves para el desarrollo. El país también tendría que asumir el costo de pagos millonarios derivados de la ruptura de los contratos, lo que impactaría la estabilidad económica y social en general.
  7. Protestas del 18 de enero: La convocatoria a las protestas para el 18 de enero es considerada por Autopistas del Caribe como un error que pone en riesgo el desarrollo de la región. Bloquear el avance de un proyecto esencial para la conectividad, la creación de empleo y el progreso de Bolívar y Atlántico solo generaría un retroceso para las comunidades. Los líderes que impulsan este tipo de acciones están tomando un camino equivocado, perjudicando a los mismos ciudadanos que dicen representar. Este proyecto es fundamental para que la región avance, y cualquier intento de bloquearlo solo profundizará los problemas existentes.
  8. Permiso Ambiental y Actividades Preliminares: Respecto a las actividades preliminares para la construcción del peaje de Arroyo de Piedra, como la adecuación del terreno y la tala de árboles autorizada, Autopistas del Caribe asegura que todas estas acciones cuentan con el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la Corporación Autónoma Regional (C.R.A.). Además, el proyecto se ajusta a la normativa ambiental vigente, conforme al Decreto 1076 de 2015, que regula las obras de mejoramiento sobre infraestructuras existentes. Esto garantiza que las actividades preliminares se realicen de acuerdo con las normativas ambientales colombianas.

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Fundación Roca Fuerte: 12 años rescatando familias de las drogas

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Escuela Taller Cartagena de Indias presenta resultados de los últimos seis años a cargo de Fortificaciones

El 17 de octubre de 2017, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes firmó con la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), el Contrato de Comodato No. 2907, con el cual se renovó la responsabilidad de administrar los Bienes de Interés Cultural (BIC) en la capital de Bolívar. El plazo inicial era de cinco años, que posteriormente fueron extendidos como reconocimiento a la labor de la institución, completando más de seis años. De la gestión realizada, la Etcar entregó hoy informe de gestión. “Este es un ejercicio que hacemos de cara a la ciudadanía, enfocados en ese objetivo superior de seguir acercando a los cartageneros a la gestión de sus fortificaciones, y con esto a la promoción de su cuidado y su disfrute. Este informe da cuenta de los avances, de los retos superados y también da un vistazo a lo que viene, porque además este año terminamos comodato iniciando uno nuevo, por cinco años más, reiterando así la idoneidad de la Etcar para asumir esta labor y reforzando nuestro compromiso con esta misión”, indicó Sandra Schmalbach Pérez, directora general de la Etcar. Entre octubre de 2017 y mayo de 2024, los ingresos en virtud del comodato ascendieron a 88 mil 817 millones de pesos, entre lo que se suma lo recaudado por ingreso al Castillo de San Felipe, los aprovechamientos temporales y permanentes, y el aprovechamiento económico de baños. El 100 por ciento de lo recaudado se destinó específicamente al mantenimiento, restauración, conservación, administración y puesta en valor de los BIC. Es así que los ingresos soportaron durante estos años los gastos asociados a estas acciones, a excepción del 2020 (año de la pandemia por el Covid 19) año en que el Castillo de San Felipe estuvo cerrado entre marzo y septiembre. “La pandemia nos dejó grandes aprendizajes y nos retó a adaptarnos a una nueva dinámica que privilegió la digitalización de los procesos y el autocuidado, en esta época además logramos mantener las acciones de conservación de nuestros BIC”, señaló Schmalbach. Entre las acciones de conservación que hacen parte del plan de mantenimiento están las labores de jardinería, albañilería y mantenimiento de estructuras murarias, mantenimiento de elementos metálicos, de las superficies pañetadas y de los elementos de madera. Dos de los proyectos más importantes que iniciaron su ejecución en este comodato fueron los baños del Castillo de San Felipe y el Centro de Interpretación de las Fortificaciones. En octubre de 2017 y mayo de 2024, más de 4 millones 154 mil personas recorrieron el Castillo de San Felipe de Barajas, siendo los años 2022 y 2023 los que reportaron más visitas con 818 mil y 803 mil respectivamente. La estrategia de domingos de Entrada Gratis también siguió posicionándose en la agenda de los colombianos, durante estos más de seis años, más de 323 mil nacionales ingresaron de forma gratuita al San Felipe y disfrutaron de las agendas culturales y artísticas preparadas para estos días. Los colombianos que entraron gratis, representan el 7.8% de los ingresos a esta fortificación. Con estrategias como el Corredor Cultural, las tertulias Murallando, los Talleres de Buenas Prácticas y el programa educativo ¡Vive tu Patrimonio! La Etcar mantuvo a las fortificaciones más cerca de la gente. En el caso del programa educativo, que está dirigido a estudiantes de instituciones públicas oficiales de Cartagena y Bolívar, en el comodato se atendieron a 38.905 jóvenes, profesores y padres de familia, en recorridos por rutas pensadas para afianzar el conocimiento y exploración de las fortificaciones y su historia. “La puesta en valor de las fortificaciones es un objetivo que seguimos fortaleciendo, acercando las fortificaciones al ciudadano, haciendo los espacios más accesibles y con puesta en escena que inviten a vivirlas, recorrerlas y disfrutarlas, y por supuesto también apoyando expresiones que hacen parte de ese patrimonio como es el apoyo al campeonato de bola de trapo y el festival del barrilete de Getsemaní. Seguimos acercándonos a la gente”, resaltó la directora de la Etcar. Mónica Orduña, directora de Patrimonio y Memoria del MinCulturas, acompañó la rendición de cuentas y destacó la labor de la entidad como un “ejemplo de cómo hacer gestión del patrimonio cultural”, y agradeció al equipo de trabajo por la dedicación y los resultados obtenidos.  “Es este trabajo tan destacado el que ha permitido que por casi 15 años el Ministerio haya confiado en esta institución para esta labor, en la que se ha destacado por su trabajo con la zona insular y sus comunidades vecinas, y por irradiar en el territorio la importancia de las buenas prácticas”, señaló Orduña.

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