Ante los recientes eventos relacionados con el proyecto de infraestructura y las protestas promovidas por grupos opositores, Autopistas del Caribe ha emitido un comunicado oficial aclarando varios puntos cruciales sobre la legalidad, el impacto social y económico, y las acciones que se están tomando en el proceso de desarrollo. A continuación, se detallan los puntos más relevantes:

1. Legalidad del Proyecto: Autopistas del Caribe subraya que las estaciones de peaje, incluidas las de Sabanagrande y Turbaco, son completamente legales y están respaldadas por el contrato de concesión 002 de 2021, firmado con el Estado colombiano, y la Resolución 20213040028355 del 7 de julio de 2021 del Ministerio de Transporte. A pesar de los intentos de ciertos grupos de desinformar y cuestionar su validez, no se ha encontrado evidencia de irregularidades. El proyecto está alineado con la normativa colombiana y responde a una necesidad urgente de mejorar la conectividad entre las principales ciudades de la región Caribe.
2. Tarifas Diferenciales: En cuanto a las tarifas de peaje, el peaje de Sabanagrande cuenta con una tarifa diferencial que beneficia a más de 10.851 personas de las comunidades cercanas. Esto significa que los habitantes de las zonas vecinas pagan una tarifa reducida, buscando fomentar el bienestar de las comunidades locales. En el caso del peaje de Turbaco, el Gobierno Nacional había propuesto una tarifa diferencial de $1.500 para vehículos de Categoría I y $2.000 para vehículos de Categoría II. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el Comité No Más Peaje sin consultar a los verdaderos usuarios de la vía, lo que genera incertidumbre sobre la equidad en la aplicación de tarifas.
3. Evasión de Peaje y Ocupación Ilegal: La evasión de peaje es una infracción regulada por la Ley 769 de 2022, que estipula sanciones severas, que incluyen multas equivalentes a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Además, Autopistas del Caribe denuncia las constantes tomas ilegales de las estaciones de peaje, como la de Sabanagrande desde el 6 de diciembre de 2024, donde grupos han intimidado y agredido al personal. Estas acciones no solo son un delito, sino que también afectan la operación y viabilidad del proyecto, lo que repercute en la región.
4. Suspensión Temporal del Cierre Financiero: Actualmente, la ANI tiene reconocido un Evento Eximente de Responsabilidad (EER) que suspende temporalmente ciertas obligaciones del concesionario debido a factores externos como la falta de implementación del cobro en las categorías 1 y 2 de peaje en Turbaco y la construcción y puesta en operación de la estación de peaje en Arroyo de Piedra. Mientras estos obstáculos no se resuelvan, el concesionario no podrá cumplir con la obligación contractual de acreditar el cierre financiero. Es importante resaltar que el cierre financiero es esencial para la continuidad del proyecto y depende de la resolución de estas dificultades externas. Es de anotar que No es cierto que el próximo 21 de enero el concesionario deba acreditar el cierre financiero y mucho menos cierto que el contrato se deba liquidar.
5. Diálogo y Desarrollo Regional: Autopistas del Caribe ha participado activamente en más de 20 jornadas de diálogo, con el objetivo de encontrar soluciones que eviten la liquidación del proyecto. Sin embargo, los líderes opositores siguen insistiendo en su liquidación, a pesar de que no han presentado soluciones viables. Esta postura representa un grave perjuicio para el desarrollo socioeconómico de Bolívar y Atlántico, dos departamentos claves para el crecimiento de la región Caribe. La falta de una infraestructura moderna afectaría la competitividad y el bienestar de miles de personas.
6. Impacto de la Liquidación del Proyecto: La liquidación anticipada del contrato, promovida por algunos sectores políticos que buscan obtener beneficios en lugar de soluciones para la región, tendría consecuencias devastadoras. Además de la pérdida de miles de empleos directos e indirectos, la liquidación afectaría la inversión social y ambiental prevista para la región y resultaría en la pérdida de infraestructuras claves para el desarrollo. El país también tendría que asumir el costo de pagos millonarios derivados de la ruptura de los contratos, lo que impactaría la estabilidad económica y social en general.
7. Protestas del 18 de enero: La convocatoria a las protestas para el 18 de enero es considerada por Autopistas del Caribe como un error que pone en riesgo el desarrollo de la región. Bloquear el avance de un proyecto esencial para la conectividad, la creación de empleo y el progreso de Bolívar y Atlántico solo generaría un retroceso para las comunidades. Los líderes que impulsan este tipo de acciones están tomando un camino equivocado, perjudicando a los mismos ciudadanos que dicen representar. Este proyecto es fundamental para que la región avance, y cualquier intento de bloquearlo solo profundizará los problemas existentes.
8. Permiso Ambiental y Actividades Preliminares: Respecto a las actividades preliminares para la construcción del peaje de Arroyo de Piedra, como la adecuación del terreno y la tala de árboles autorizada, Autopistas del Caribe asegura que todas estas acciones cuentan con el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la Corporación Autónoma Regional (C.R.A.). Además, el proyecto se ajusta a la normativa ambiental vigente, conforme al Decreto 1076 de 2015, que regula las obras de mejoramiento sobre infraestructuras existentes. Esto garantiza que las actividades preliminares se realicen de acuerdo con las normativas ambientales colombianas.