Por Osmarl Alejandro Pulido Rodríguez
Los colombianos hemos perdido tanta sensibilidad frente al obituario nacional, que las masacres han pasado a ser tragedias que se mantiene indiferente para muchos. En las últimas semanas vivimos, y digo “vivimos” porque somos muchos a los que nos adolecen las víctimas que en Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca han sido asesinados a manos de infames que se esconden detrás de injustas causas. Independientemente de quienes provengan estas masacres, el Estado, en cabeza del Gobierno Nacional está en la obligación Constitucional de defender los diferentes territorios nacionales.
Resulta preocupante la abulia del Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, quien no ha sido capaz de enfrentar con integridad estas reiteradas tragedias. Es tormentoso que el primer mandatario intente disminuir la gravedad del panorama con eufemismos como “homicidios colectivos”, haciendo referencia a los múltiples homicidios en las diferentes zonas de Colombia, puede aparentemente ser cierto pero no atiende a la realidad fáctica, ya que los homicidios cuentan con una gama amplia de situaciones, perdiendo mucha más credibilidad de la que, entre otras, la pandemia le ha hecho perder. No concibo que un presidente se atreva a restarles tanta importancia a unos mientras que a frente al asesinato de los miembros de la fuerza sí lo llama por su nombre MASACRE. La gran diferencia gravita en que el presidente no ha sido categórico, es decir, si bien el código penal colombiano no concibe como delito el término “masacre” tanto el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) aportan elementos que nos permiten El Iván Duque Márquez de hoy ya no es más el senador de Centro Democrático, dejo ese cargo para convertirse en el Presidente de todos los colombianos indistintamente de si son sus simpatizantes, críticos, detractores o indiferentes todos merecemos estar protegidos y ser el principal foco de atención del Gobierno, es su obligación la protección de la vida de cada uno de los habitantes este país. Hemos evidenciado el rechazo de las comunidades como Samaniego y Cali en las que ha sido duramente criticada la gestión del mandatario, frente a la inconformidad por falta de investigación la única respuesta del Duque Márquez ha sido la promesa de construcción de escenarios deportivos.
Por su parte el Fiscal General de la Nación el autoproclamado segundo cargo más importante del país ha sido totalmente ajeno a la problemática actual, el poco pronunciamiento de esta entidad y la casi nula diligencia ha demostrado la incapacidad de quién anteriormente ostentaba el Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, es decir, contamos con quién en sus palabras es la persona más preparada del país pero que su mayor logro desde su llegada al despacho ha sido acumular un importante número de millas. Seguramente estas poblaciones no están en el radar del Fiscal por no tener playas o no contar con el beneplácito de su hija.
En Colombia en 2019 hubo 36 masacres según Alberto Bruoni Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el pasado año las cifras demostraban que dicho comportamiento estaba inclinado hacia los líderes sociales y defensores de derechos humanos en los que fueron asesinados 133 personas; el hogaño suma la deshonrosa cifra de 51 masacres en las que han muerto más de 180 personas. Según el diario El Espectador coinciden con la del año anterior los presuntos responsables, las zonas donde se cometieron las masacres, empero, la variación es que ya no son solo defensores de derechos humanos o líderes sociales sino que ahora también en la estadística están niños (Cali), jóvenes (Samaniego) estudiantes además sin ningún antecedente insurgente o subversivo e indígenas a estos los vincula su condición de vulnerabilidad. Esta es la cifra más alta que se ha reportado desde el año 2014.
El Presidente como máximo comandante de la fuerzas Colombiana y el Fiscal como la autoridad judicial competente en esclarecer estos hechos coinciden en el factor principal que eleva la ocurrencia de las masacres y es la falta de implementación de los acuerdos de Paz, la disputa de las rutas, zonas y territorio ha hecho que los grupos al margen de la ley, paramilitares, guerrilla o delincuencia común proliferen afectando directamente a la comunidad y en detrimento de la Seguridad Nacional. La profética frase de Álvaro Gómez Hurtado parece cobrar realidad pues “hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales” en últimas como ciudadanía debemos exigir que la presencia Estatal no sea sólo en puentes festivos en el archipiélago de San Andrés o fiestas en Panaca.
