“Más vale un mal arreglo que un buen pleito”, Anónimo

Por Álvaro Morales de León

Aceptaré las discrepancias, insultos y ultrajes que de seguro sobrevendrán por estas líneas con las que me referiré al embrollo jurídico que se ha construido alrededor del Aquarela, y del que se cuestiona la altura de su primera torre, una de las tres proyectadas, afirmándose que su elevación produce afectación a la visual del Castillo de San Felipe de Barajas, uno de los monumentos por el que Cartagena ostenta el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad.

Hoy, utilizándose los micrófonos de órbita local y nacional se oye a diario de amenazas de destitución contra el alcalde Dau si no procede a la demolición de la torre construida, pareciendo que hubiera más interés en tumbar al incómodo mandatario que a la Torre envuelta en el galimatías jurídico y administrativo que nació cuando al exalcalde Dionisio Vélez en diciembre de 2015 sólo le quedaban 3 días para finalizar su cuestionado gobierno.

Los argumentos con los que se cuestiona a la Sociedad Promotora Calle 47, constructora de los 25 pisos de esta primera torre, transitan desde las licencias otorgadas, mal acopio de materiales, urbanización ilegal, afectación de la visual a un monumento histórico, ocupación del espacio público, incumplimiento con las normas de sismoresistencia, violación del POT, impactación negativa en el entorno urbanístico y hasta por interrumpir el ciclo del vuelo de los pájaros.

Pero entonces, ¿cómo es posible que todos los vinculados al otorgamiento de permisos y licencias para la construcción de este complejo urbanístico para construir cinco torres con 952 apartamentos de interés social en el barrio de Torices, se encuentren libres, o disfrutando de los deleites de la detención domiciliaria?

En Cartagena, por lo que se ha sabido, no son pocos los comprometidos con este entuerto que rodea la construcción del Aquarela, y de los cuales se da cuenta, en su mayoría, de funcionarios de la época en que Dionisio Vélez gobernó la ciudad, entre ellos, los que estuvieron al frente de la Secretaria de Planeación, Oficina de Control Urbano, Corvivienda, Instituto de Patrimonio y Cultura; y de entidades, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Curaduría Urbana N° 1; y por qué no, el Ministerio de Cultura.

No sobra preguntarse, ¿no es mejor hacer con la Torre Aquarela lo mismo que acaba de hacer la Corte Constitucional que validó las ilegales sesiones virtuales del Congreso de la República durante el periodo que acaba de finalizar, conminándolos, eso sí, a que no se repitan, a que permanezcamos en esta diatriba entre si se tumba o no se tumba esta estructura edificada?

Ahora, entre apartamentos de interés social, ya construidos, así sean de manera irregular, y la visual de un monumento histórico como el Castillo de San Felipe, me uno a un conocedor internacional que opina, que, entre estos dos aspectos, y en tiempos actuales, lo mejor sería buscar un equilibrio entre el desarrollo urbanístico y el patrimonio histórico.

Sin negar el valor histórico del Castillo de San Felipe, erigido por los españoles como una de las fortificaciones para defender a la ciudad de otros ladrones que querían el oro que ellos, los españoles, nos robaban, creo que este Fuerte Militar, junto con los otros monumentos de La Heroica han servido para que dos o tres conocidísimas familias de la ciudad se hayan enriquecido a costa de su explotación comercial.

Finalmente, a un cartagenero de clase media, o del sector “El Guarapero” del Pozón, o “Las vegas” de Mandela, o “Papa Negro” de Olaya, qué le servirá más, ¿apartamentos de interés social de 105 millones de pesos, o la visual interrumpida del Castillo de San Felipe?; y a estos mismos, ¿en qué les habrá beneficiado el título de Patrimonio Histórico?