Este miércoles, 11 de diciembre, la Asamblea de Bolívar dio un paso clave para el futuro de los jóvenes al aprobar en el segundo debate la ordenanza que instituye la Semana de la Juventud. Esta iniciativa, establece que la celebración se realizará cada año durante la segunda semana de agosto, con actividades que fortalecerán el liderazgo, la participación y los derechos de la juventud bolivarense. La Semana de la Juventud será coordinada por la Secretaría de la Igualdad y se enfocará en temas como emprendimiento, empleo, educación, liderazgo social y cultural. Asimismo, busca mitigar los desafíos que enfrenta esta población como la desigualdad a la educación, desempleo y falta de oportunidades, de los cuales representa el 26,8% de los habitantes del departamento, según el DANE. En ese sentido, el gobernador Arana,afirmó: “Queremos que sean protagonistas en el desarrollo social, económico y político del departamento, brindándoles herramientas para asumir un rol transformador”. Siendo así, la Semana de la Juventud no solo sería una celebración, sino un compromiso con el liderazgo y el potencial de las nuevas generaciones que transformarán el departamento de Bolívar.

Dos de los establecimientos más reconocidos de la Depresión Momposina se encuentran paralizados tras la suspensión del servicio de energía por millonarias deudas acumuladas. La medida, que afecta tanto a un espacio para eventos como a un tradicional hotel turístico, refleja la gravedad de la morosidad en el sector. En Magangué, la finca Montecarlo, propiedad del empresario y político de Cicuco, Carlos Andrés Marrugo Polo, quedó sin suministro eléctrico debido a más de 68 facturas pendientes, que superan los 68 millones de pesos. El lugar, antes alquilado para eventos sociales y empresariales, dejó de estar disponible tras la medida. De manera similar, en Mompox, el hotel y restaurante Robert, de Roberto Oliveros Quevedo, enfrenta la misma situación: 32 facturas sin pagar que suman 168 millones de pesos llevaron no solo a la suspensión del servicio, sino también al desmonte de su transformador particular, entregado al propietario. Hasta que no se regularicen estas obligaciones, ambos inmuebles permanecerán sin energía, afectando la actividad social, empresarial y turística de la región.