No hay ideología, rabia o necesidad que justifique el secuestro de un niño. No hay discurso que sirva como excusa. Quien toca a un niño rompe un pacto moral universal. Es cobardía disfrazada de poder. El reciente caso en Jamundí, donde un niño fue raptado por hombres armados mientras jugaba en su casa, debería estremecernos. Aunque los hechos varíen, lo esencial permanece: los niños son sagrados. Nada justifica que se conviertan en blanco de adultos. En Colombia, los niños siguen siendo víctimas invisibles de una guerra sin fin. Ya no basta con el reclutamiento forzado: ahora también se los secuestra frente a sus familias, como si fueran botín. ¿Qué más tiene que pasar para que reaccionemos? El Derecho Internacional Humanitario, ratificado por Colombia, protege de forma especial a niñas y niños. Pero la realidad va por otro camino. Aquí seguimos: impunes, inertes, indiferentes. No es un caso aislado. Es el reflejo de un país donde ser niño en zona rural es crecer con miedo. No podemos seguir aceptándolo. No podemos permitir que quienes cometen estos crímenes sigan hablando de “revolución” o “control territorial” mientras usan menores como herramientas de guerra. Las leyes deben endurecerse. Sin beneficios ni contemplaciones. Quien atente contra un niño debe recibir el castigo más severo. Ninguna mesa de negociación debería ignorar a las víctimas más frágiles: nuestros niños. Porque no hay crimen más ruin que el que se comete contra un menor. Y cuando un menor es raptado toda una nación debe ponerse de pie. Columna de opinión por Iván Sanes. * Esta columna no representa conceptos, posturas, ni opiniones del periódico.

Hoy en día, es común escuchar historias de amigos y familiares que han sido contactados por bancos, operadores telefónicos o plataformas de crédito, exigiendo el pago de deudas que nunca contrajeron. Al investigar, descubren que tienen créditos, líneas telefónicas o productos a su nombre sin saber quién los suplantó. Probablemente han sido víctimas de un delito informático sin siquiera darse cuenta. Los delitos informáticos implican actividades ilegales que se realizan a través de sistemas y redes informáticas, como la violación de datos personales, transferencias no autorizadas y el uso de software malicioso. Estos delitos, regulados por la Ley 1273 de 2009, pueden conllevar penas de prisión de hasta 120 meses y multas de hasta 1500 salarios mínimos.  Son muy comunes en casos de suplantación de identidad y fraude bancario, donde los delincuentes obtienen información personal a través de phishing (correo electronicos falsos para engañar a personas), hacking( acceso no autorizado a sistemas), ingeniería social ( manipulación psicológica para obtener información confidencial) y sim swapping (duplicación de sim card), para acceder a cuentas bancarias, realizar transacciones fraudulentas y solicitar créditos a nombre de la víctima. ¿Qué puedo hacer si soy víctima de alguno de estos delitos? En el proceso penal colombiano, las víctimas de delitos informáticos enfrentan múltiples desafíos, su papel es crucial, ya que tienen derecho a ser escuchadas y a participar activamente en todas las etapas del proceso. Sin embargo, la falta de conocimiento técnico y la complejidad de estos delitos pueden dificultar la comprensión de los hechos y la presentación de pruebas. En caso de ser víctimas, es fundamental recopilar toda la información posible, como correos electrónicos, registros de transacciones y cualquier comunicación sospechosa. Además, se debe denunciar el delito a las autoridades competentes y buscar asesoría legal especializada. Lo anterior, permitirá solicitar el restablecimiento de sus derechos, la normalización del estado financiero en las centrales de riesgo y la cancelación de cualquier producto o crédito resultante de un fraude o suplantación. Transición digital en el panorama actual: Basta con decir que, la protección contra delitos informáticos es fundamental tanto para personas naturales como para empresas. En un mundo donde la digitalización es la norma, estar informado y protegido contra estas amenazas puede prevenir pérdidas económicas, daños a la reputación y la exposición de datos sensibles.  Las empresas deben implementar políticas de seguridad robustas y capacitaciones continuas para sus empleados, mientras que los individuos deben adoptar prácticas seguras en línea, como el uso de contraseñas fuertes y la verificación en dos pasos. Protegerse adecuadamente no solo garantiza la integridad de la información, sino que también fortalece la confianza en el entorno digital.