¿Has sido víctima de suplantación en algún banco u operador telefónico? ¡Descubre cómo protegerte aquí!

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Hoy en día, es común escuchar historias de amigos y familiares que han sido contactados por bancos, operadores telefónicos o plataformas de crédito, exigiendo el pago de deudas que nunca contrajeron. Al investigar, descubren que tienen créditos, líneas telefónicas o productos a su nombre sin saber quién los suplantó. Probablemente han sido víctimas de un delito informático sin siquiera darse cuenta.

Los delitos informáticos implican actividades ilegales que se realizan a través de sistemas y redes informáticas, como la violación de datos personales, transferencias no autorizadas y el uso de software malicioso. Estos delitos, regulados por la Ley 1273 de 2009, pueden conllevar penas de prisión de hasta 120 meses y multas de hasta 1500 salarios mínimos. 

Son muy comunes en casos de suplantación de identidad y fraude bancario, donde los delincuentes obtienen información personal a través de phishing (correo electronicos falsos para engañar a personas), hacking( acceso no autorizado a sistemas), ingeniería social ( manipulación psicológica para obtener información confidencial) y sim swapping (duplicación de sim card), para acceder a cuentas bancarias, realizar transacciones fraudulentas y solicitar créditos a nombre de la víctima.

¿Qué puedo hacer si soy víctima de alguno de estos delitos?

En el proceso penal colombiano, las víctimas de delitos informáticos enfrentan múltiples desafíos, su papel es crucial, ya que tienen derecho a ser escuchadas y a participar activamente en todas las etapas del proceso. Sin embargo, la falta de conocimiento técnico y la complejidad de estos delitos pueden dificultar la comprensión de los hechos y la presentación de pruebas.

En caso de ser víctimas, es fundamental recopilar toda la información posible, como correos electrónicos, registros de transacciones y cualquier comunicación sospechosa. Además, se debe denunciar el delito a las autoridades competentes y buscar asesoría legal especializada. Lo anterior, permitirá solicitar el restablecimiento de sus derechos, la normalización del estado financiero en las centrales de riesgo y la cancelación de cualquier producto o crédito resultante de un fraude o suplantación.

Transición digital en el panorama actual:

Basta con decir que, la protección contra delitos informáticos es fundamental tanto para personas naturales como para empresas. En un mundo donde la digitalización es la norma, estar informado y protegido contra estas amenazas puede prevenir pérdidas económicas, daños a la reputación y la exposición de datos sensibles. 

Las empresas deben implementar políticas de seguridad robustas y capacitaciones continuas para sus empleados, mientras que los individuos deben adoptar prácticas seguras en línea, como el uso de contraseñas fuertes y la verificación en dos pasos. Protegerse adecuadamente no solo garantiza la integridad de la información, sino que también fortalece la confianza en el entorno digital.

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Chambacú: el barrio afro que fue desplazado para dar paso al turismo en los años 70

Chambacú, un barrio ubicado a las afueras de las murallas de Cartagena, encierra una historia de lucha, resistencia y desplazamiento que refleja la compleja relación de Colombia con sus comunidades afrodescendientes. Este territorio, habitado mayoritariamente por afrocolombianos descendientes de esclavos liberados, se convirtió en un símbolo tanto de la resiliencia como del olvido estatal. Después de la abolición de la esclavitud en Colombia en 1851, muchos afrocolombianos se asentaron en las costas y riberas del país, buscando establecerse en las periferias de ciudades como Cartagena. Los chambaculeros, como se les conocía, eran herederos de aquellos africanos traídos a América durante el siglo XV. En 1919, comenzaron a construir sus primeras viviendas sobre terrenos pantanosos, utilizando arena, cáscara de arroz y otros desechos para ganar terreno firme sobre los manglares. Con el tiempo, Chambacú creció y se consolidó como el barrio más grande de las inmediaciones de las murallas. Sus habitantes, en su mayoría obreros, lavanderas y cocineras, vivían en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a servicios básicos como electricidad o agua potable. A pesar de la pobreza, Chambacú fue una comunidad vibrante y resistente, que encontró en la cercanía con la ciudad amurallada oportunidades laborales, aunque a menudo subvaloradas. Sin embargo, a medida que Cartagena comenzó a emerger como un destino turístico en los años 50, la presencia de Chambacú, con sus humildes viviendas y condiciones deplorables, fue vista como un obstáculo para la imagen que las élites querían proyectar al mundo. El barrio, con sus 1,300 familias afrodescendientes, fue estigmatizado como un problema a resolver, y en 1971, sus habitantes fueron forzosamente reubicados en otros sectores más alejados de la ciudad. Este desalojo, bajo la justificación de mejorar la imagen de Cartagena, dejó un enorme vacío no solo físico, sino también social. Chambacú se convirtió en un terreno abandonado que separaba el centro histórico del resto de la ciudad. Hoy, donde una vez estuvo Chambacú, se levanta el llamado «Edificio Inteligente», un símbolo del progreso y modernización de Cartagena. Fuente. Museo Histórico de Cartagena

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Termina con «balance positivo» la revisión a transporte público que funcionará con electricidad

Funcionarios de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transporte, del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Hacienda, hicieron un recorrido de seguimiento con Metro Sabanas S.A.S, por las obras de infraestructura ejecutadas para poner en marcha el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Sincelejo. El ente gestor de la operación del nuevo sistema de transporte de Sincelejo condujo a funcionarios por las vías y paraderos que se construyeron dentro del convenio de cofinanciación con el Gobierno Nacional para verificar el alcance que han tenido las obras. Posteriormente, hicieron seguimiento del trimestre a las metas del CONPES 3637, al plan de inicio de operación, a los avances en la ejecución de infraestructura y a la gestión en los componentes ambiental, socio predial, jurídico y tecnológico. «Encontramos obras que están en proceso de mantenimiento, con una importante gestión comercial que se debe hacer para que los Paraderos con Espacio Público realmente puedan estar siendo usados. Hoy venimos a acompañar y a hacer seguimiento a ese plan de entrada en operación que esperamos sea muy pronto para la comunidad”, dijo María Camila Páez, coordinadora de la UMUS del Ministerio de Transporte. Por su parte, Soley Junco Genes, gerente de Metro Sabanas, aseguró que el balance del recorrido fue positivo, por lo que se avanza en la gestión para que los habitantes de Sincelejo accedan al servicio de transporte.

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Denuncian presuntos retrasos en la entrega de proyecto de vivienda en Cartagena: esto dice la constructora

Un grupo de inversores del proyecto de vivienda ‘Palmeira Cartagena’, ubicado en el barrio Villa Grande, asegura que tras más de dos años de haberse vinculado al proyecto, la constructora a cargo de esta obra no habría iniciado presuntamente la construcción del conjunto de edificaciones que tenían fecha de entrega para 2024. Tal y como aseguró una fuente a El Bolivarense, ‘Integra Constructora’, empresa al frente de este proyecto VIS, habría, supuestamente, variado los plazos de entrega, pasando de 2024 como fecha inicial a 2026 como año en el que culminaría la construcción del conjunto de apartamentos. «Nosotros conformamos un grupo de wsp de algunas de las personas que estamos en este tema y estamos asustados porque nadie responde», expresó una fuente.Por otra parte, señalan que algunos miembros del proyecto se habrían retirado debido a las demoras de la construcción, que según afirma una fuente, el lote donde iniciarían los trabajos estaría «lleno de pasto». Sumado a esto, algunos de los inversores que permanecen en el proyecto firmaron un otrosí con la constructora por un año más a la espera de que avancen los trabajos en el terreno. Con respecto a lo anterior, El Bolivarense tuvo acceso a un material de audio en el que María Isabell Buj, ejecutiva comercial del proyecto, manifestó a un comprador que el anexo del otrosí se debió al vencimiento de los términos establecidos en el primer contrato debido el presunto incumplimiento por parte de compradores en sus obligaciones, lo cual requirió renovar la vigencia del contrato. Mismo documento de voz en el que la mujer afirma que «de acuerdo a todo lo pactado» se tenía previsto «iniciar obra más o menos entre abril y mayo», a la espera de que todos los clientes firmaran el otrosí para recibir la certificación de las condiciones de giro e iniciar la construcción de la obra. Así mismo, este medio conoció que el día de hoy, jueves 15 fe agosto, la ejecutiva manifestó a algunos compradores que el proyecto ya cumpliría con las condiciones por parte de la Alianza Fiduciaria y estarían «próximos a iniciar obra», y así mismo, firmar promesa de compraventa, en donde se «plasmarán fechas exactas de firma de escrituras y entregas del inmueble». Por otra parte, ante la denuncia realizada por los compradores de los inmuebles, El Bolivarense se puso en contacto con la constructora encargada, quien aseguró lo siguiente»Nos permitimos comentarles que Palmeira es un proyecto comercializado sobre planos, donde la fase de preventas para la primera etapa finalizó satisfactoriamente obteniendo las condiciones de giro e inicio frente a Alianza Fiduciaria, en consecuencia, se dará inicio la fase operativa». Por último, señaló que: «el desarrollo del proyecto ha estado en todo dentro de los plazos previstos por el contrato y debidamente informado a los clientes.  imagen extraída de Madeira Apartamentos

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Tres gatitos del albergue bajo el puente de Los Caracoles murieron calcinados: Umata investiga el hecho

Tres gatos del albergue ubicado debajo del puente de la Transversal 54, cerca del barrio Los Caracoles, murieron calcinados tras un incendio en una vivienda cercana al refugio donde se encontraban los felinos. En el video que circula por las redes sociales, se aprecia a Esperanza Soto, protectora de animales en condición de calle afectada por el fallecimiento de los animales. Además, pidió a las autoridades competentes realizar una investigación para dar con las causas que habrían originado el incendio inicialmente.Ante esto, el director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), Adolfo Pérez, aseguró que los gatos fallecidos se encontraban fuera del albergue ubicado debajo del puente y fueron encontrados tras el accidente en una caja. Ante esto, el funcionario añadió que de momento no se tiene claridad si el hecho fue provocado de manera voluntaria o si se debió a un accidente, por lo que junto a la Policía se están indagando en las causas que habrían originado el incendio.

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Afinia, Surtigas, Acuacar y Veolia transforman Arroz Barato con más de 700 atenciones y 13 toneladas de basura menos

En el barrio Arroz Barato de Cartagena, más de 700 personas fueron atendidas durante una jornada integral organizada bajo la campaña “Unidos por la legalidad”, en la que Afinia, Surtigas, Aguas de Cartagena y Veolia unieron esfuerzos para promulgar el acceso legal y responsable a los servicios de energía, gas, agua y aseo. Las comunidades pudieron acceder a soluciones comerciales, técnicas, pedagógicas y sociales: se gestionaron legalizaciones, convenios de pago, revisiones técnicas, reclamaciones (PQR) y se realizaron actividades educativas para promover el uso formal de los servicios públicos. Desde el punto de vista numérico, los resultados fueron palpables: Afinia corrigió doce irregularidades técnicas y recaudó $3.365.170; Aguas de Cartagena gestionó 537 solicitudes, entre ellas 151 legalizaciones, 121 cambios de medidor y 29 convenios de pago; Veolia, por su parte, recolectó 13 toneladas de residuos mixtos, intervino cerca de 3.000 m² en limpieza y atendió 110 PQR; mientras que Surtigas brindó orientación sobre legalización del servicio y fortaleció la cultura de pago. A su vez, el componente ambiental fue destacado: se recolectaron 13 toneladas de basura, se limpiaron y cercaron 2.945 m² de césped, recuperando zonas verdes y generando mayor conciencia ciudadana sobre el entorno. Las empresas reiteraron su compromiso con la legalidad, la seguridad, la judicialización de fraudes y la educación comunitaria, siendo esta alianza una muestra clara de cómo la colaboración público-privada puede fomentar la sostenibilidad ambiental y mejorar el bienestar de los cartageneros

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El Canal del Dique: víctima del conflicto armado reconocida por la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al Canal del Dique, ubicado en el norte de Colombia, como víctima del conflicto armado. Este cuerpo de agua, que conecta Cartagena de Indias con el río Magdalena, fue utilizado durante años para arrojar los cuerpos de personas asesinadas, principalmente por grupos paramilitares. La acreditación responde a una solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones étnicas de la cuenca. La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, destacó en un acto en Cartagena que este reconocimiento se debe a los informes presentados por las víctimas, en su mayoría afrodescendientes, que permitieron activar las competencias de la JEP. Valencia subrayó que, según el acuerdo de paz con las extintas FARC, se debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades étnicas y visibilizar las diversas violencias sufridas. Además, recordó que el Canal del Dique ha sido denominado por la Comisión de la Verdad como «el cementerio acuático más grande de Colombia». A pesar de la disminución de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el Canal del Dique sigue siendo utilizado para deshacerse de cadáveres, perpetuando el terror en la región. Las comunidades locales han reportado amenazas e intimidaciones para que no continúen con sus denuncias, lo que ha llevado a que algunas víctimas soliciten y reciban medidas de protección por parte del Estado. Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, enfatizó la importancia de reconocer al Canal del Dique como sujeto de derecho debido a las múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como el control ejercido por grupos armados en el territorio. Camargo también instó al Estado a reconocer los daños en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la región. Este reconocimiento por parte de la JEP representa un paso significativo en la reparación y visibilización de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente en territorios históricamente marginados como el Canal del Dique.

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