Afinia activó una ruta de atención en Calamar, Bolívar, tras los desórdenes ocurridos el 14 de abril por la sobrecarga de un transformador, presuntamente causada por conexiones ilegales. El incidente dejó sin servicio a 37 familias y evidenció riesgos eléctricos graves. Durante una jornada de diálogo con la alcaldesa Yelitza Castellar y la comunidad, Afinia expuso la crítica situación del municipio, donde las pérdidas de energía alcanzan el 65% y el recaudo apenas llega al 35%. La deuda conjunta de los usuarios afectados es de $55 millones, de los cuales la Alcaldía gestionará un abono inicial de $8 millones. A cambio, Afinia instalará un nuevo transformador y la comunidad permitirá el ingreso de brigadas para realizar un censo de carga, paso clave para avanzar en la normalización del servicio. Aunque hubo resistencia inicial, se lograron compromisos orientados a la legalización de las conexiones y la mejora del recaudo. La empresa reiteró su disposición al diálogo, rechazó las vías de hecho como mecanismo de presión, y destacó el acompañamiento de los entes de control. Afinia mantiene su compromiso con el desarrollo de Calamar, respaldado por una inversión de $1,2 billones en Bolívar para modernizar la infraestructura eléctrica.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.

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