Lo que parecía algo obvio y a simple vista, ahora se ha convertido en toda una novela. Sin importar lo dicho por los entes de control, la Alcaldía Distrital de Cartagena se niega a liquidar los contratos de concesión vial que administran los peajes internos en la ciudad.
El más reciente capítulo de esta controversia está marcado por la respuesta proferida por el Distrito de Cartagena a los veedores Erick Urueta, Nausicrrate Pérez y Alcides Arrieta. Los mencionados anteriormente realizaron la petición formal al ente territorial para que liquidara y extinguiera los contratos de concesión por vía administrativa y la intervención del distrito de manera inmediata en la recaudación de los peajes internos.
Al respecto, la Alcaldía respondió que tanto los informes del CTI como el de auditoria de la Contraloría Distrital de Cartagena que dicen que ya se alcanzó la Tasa Interna de Retorno y que fueron alegados por los petentes, no son vinculantes. En el caso del primero no puede ser tenido como fundamento para liquidar el contrato y con respecto al segundo informe aduce que no es instrumento de coadministración, ni le otorga facultades al contralor para darle órdenes al distrito.
Según la alcaldía es EDURBE quien debe vigilar, supervisar y controlar la ejecución y cumplimiento del contrato de concesión, y según informe de esta entidad la Tasa Interna de Retorno se alcanzaría en el 2021, es decir, los cartageneros tendrían que esperar alrededor de 3 años para no tener peajes internos en las vías de la ciudad.
El capítulo “EDURBE” en la novela de los peajes…
A finales del año 2002 el distrito de Cartagena celebró un contrato interadministrativo con EDURBE para que supervisara el contrato de concesión de los peajes, en dicho contrato la supervisión de EDURBE en los contratos no está establecida de manera permanente, o en principio no lo estaba puesto que la supervisión sólo sería hasta que el distrito celebrara un contrato previo concurso de méritos, cosa que no se realizó nunca según lo informaron los veedores.
Sin embargo, la cuestión no para allí, ya que en el año 2010 el distrito decidió darle de manera definitiva la supervisión del contrato de concesión a EDURBE, por la naturaleza de esta última entidad esto no fue por concurso de méritos. Según el mismo informe, quien paga a EDURBE para que supervise el contrato es la misma Concesión Vial de Cartagena la suma establecida en el año 2002 de 45 mil millones de pesos mensuales sin IVA que para la fecha actual debe ser mucho más dinero; esto según los veedores afecta la objetividad y falta de transparencia de EDURBE en la supervisión del contrato, hecho que se podría constatar en el que la entidad aplicó una metodología de cálculo equivocada a la hora de calcular la Tasa Interna de Retorno y que además la entidad tiene tutela administrativa distrital debido a que el presidente de la junta directiva es el Alcalde Mayor de Cartagena hecho que agregaría al rollo un conflicto de intereses.
