El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instruyó a las fuerzas policiales de paz, coordinada por el comandante de la Policía Nacional, William René Salamanca, el cual tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y protección de la población campesina en la región. Petro señaló que “no puede haber coalición posible con los asesinos” y que el Sur de Bolívar le pertenece al estado. “La policía de paz debe organizarse de manera masiva en el Sur de Bolívar para que quede al servicio de la población campesina, la proteja y permita que sus derechos y libertades puedan ser respetados”, mencionó Petro. “La protección del campesinado es una prioridad para su gobierno, esta tierra no debe ser un campo de batalla entre grupos armados, sino que debe pertenecer al pueblo”, afirmó Petro. El mandatario aseguró que todos los miembros del gobierno, ya sean militares o civiles, tienen la obligación de servir y proteger al campesinado. “El Sur de Bolívar tiene que ser del pueblo y eso implica que el Estado se coloque al servicio de la solución de sus necesidades”, concluyó Petroz

Samuel Pérez Herrera, vigilante con 12 años de servicio en la Unidad Nacional de Protección (UNP), se encadenó el día de ayer 9 de diciembre en las oficinas de la empresa SOS en Cartagena, denunciando haber sido despedido de manera injustificada, señalando que su desvinculación está basada en acusaciones falsas relacionadas con unas fotografías publicadas en su estado de WhatsApp. Según el vigilante, las imágenes mostraban a sus hijos manipulando armas durante un curso en una academia privada, pero la empresa argumentó que se trataban de armas pertenecientes a la dotación de la UNP bajo su cargo. «Dijeron que eran armas de la UNP, algo totalmente falso. Presenté pruebas de que eran de una academia privada, pero nadie quiere asumir la responsabilidad», explicó Pérez. El caso ha generado controversia, ya que Pérez asegura contar con fuero sindical, lo que impediría un despido sin autorización judicial, sin embargo, afirma que la empresa SOS lo mantiene sin asignación laboral y con un salario básico mientras su caso permanece en el limbo. “Esto no es solo conmigo; muchos compañeros han pasado por lo mismo. Algunos han tenido que librar largas batallas legales para ser reintegrados, pero las injusticias continúan”, comentó el vigilante, quien también denunció persecuciones laborales en la UNP durante los últimos cuatro años. En su protesta, Pérez exigió una respuesta clara por parte del director de la UNP,  y asegura que su objetivo, es ser reintegrado a su trabajo y garantizar el respeto a los derechos laborales. “La huelga la mantendré hasta que definan mi situación. No estoy pidiendo nada fuera de la ley, solo que se respeten mis derechos como trabajador”, concluyó Samuel Pérez.